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¡No!... y ya


02-03-2010, Wilfredo Vallín Almeyda

Opinión/ Derecho

 

Cubamatinal/ La pregunta a la que se supone que respondamos hoy –quizás por la índole de su naturaleza- pudiera ser mejor respondida por un especialista en psicología, o tal vez en psiquiatría… A lo mejor por un seguidor de Freud en el psicoanálisis e incluso por un maestro en ciencias ocultas del Medioevo, más que por un simple letrado cubano de estos tiempos.

Por Wilfredo Vallín Almeida

La Habana, 28 de febrero /PD/ Después de indagar, hasta donde nos fue posible hacerlo, la anterior es la conclusión más lógica a la que pudimos arribar.

Las preguntas en cuestión a la que tendremos (como misión casi imposible) responder, son las siguientes:

¿Bajo qué razonamientos (morales, legales o políticos) se otorga hoy, o se niega, la tarjeta blanca? Estos razonamientos, ¿han sido publicados alguna vez?

A la primera de estas preguntas, contestaremos que la actuación tendiente a privar a una persona que no ha cometido delito alguno, que se encuentra en plena posesión de sus derechos ciudadanos - ninguno de los cuales ha sido interdicto -, de su libertad de salir o entrar al país, es un acto que, dada la estrecha relación existente entre moral y derecho, carece de ambas cosas.

En segundo lugar, ello constituye una violación burda y abierta de la adhesión que el gobierno, al menos en teoría, ha dicho manifestar siempre a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hasta para sentarse, con olímpica tranquilidad, en su Comisión de Ginebra.

En cuanto a los aspectos legales, en las disposiciones que hemos podido ver al efecto, se pretende “legalizar” la confiscación de los bienes de esas personas por abandono del país, pero no se explica una sola palabra en cuanto al derecho pretendido por el poder para entregarla cuando le parezca.

En relación al tercer aspecto implicado (el político), somos de la opinión que por ahí si van las cosas. Después de hablar con muchas personas que han sufrido situaciones de este tipo siendo, por esas casualidades de la vida, todos ciudadanos que de una u otra manera han tenido alguna confrontación política con el sistema, la claridad parece abrirse paso.

De lo que se trata es de castigar de alguna manera a quienes no han sido fieles al régimen y se han atrevido a contradecirlo de alguna manera más o menos intolerable para él. Entonces lo que procede es demorarles su marcha del país… para que lo “disfruten más tiempo” aunque les pese. Es algo así como aquello de que “a quien no quiere caldo, tres tazas”.

Por último, en cuanto a la publicación de las razones para esto, si la Constitución no se publica (y para copiarla hace falta un permiso del Ministerio de Justicia), ni la Sección 21 del Departamento de Seguridad del Estado permite que se den cursos de derecho socialista a los ciudadanos, ¿cómo publicar lo impublicable? Sencillamente ¡NO! … y ya.


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