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La Carga de la Prueba II


30-10-2009, Wilfredo Vallín Almeyda

Opinión/ Derecho

Cubamatinal/ Resulta muy interesante realizar un análisis algo profundo de lo que establece la Ley de Procedimiento Penal (actualizada), Ley No.5 de 13 de agosto de 1977, y contrastarla con algunas de las situaciones que pueden haberle acontecido a nuestros lectores o de las cuales han conocido por haberle ocurrido a otras personas.

 

La Habana, 29 de octubre /PD/ Así, el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley comienza de este modo: “Se presume inocente a todo acusado mientras no se dicte fallo condenatorio contra él”.

Es decir,  que hasta tanto un tribunal facultado para ello, o sea, con la jurisdicción necesaria, no declare la culpabilidad del sujeto en cuestión, se considerará que el mismo es inocente. Si bien incluso el delincuente convicto y confeso tiene derecho a ser tratado con la dignidad inherente a toda persona por el solo hecho de serlo, con mucha más razón esto procede en el caso de un individuo cuya culpabilidad no ha sido aún  comprobada ni declarada.

En más de una ocasión hemos presenciado un tratamiento lesivo por parte de la policía  a esa dignidad, como cuando conducen a un ciudadano que no ha hecho la menor resistencia al arresto, esposado por las calles más céntricas de la ciudad en un espectáculo francamente deplorable y que nos trae a la mente de inmediato aquello de “yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”.
  
El postulado que analizamos dice “fallo condenatorio contra él”. O sea, que después de un proceso donde se supone estén presentes todas las garantías procesales para el reo (y aquí se incluye un abogado que desde el principio haya tenido la posibilidad de entrevistarse con el acusado, de conocer en detalle el expediente que se la ha levantado, de entrevistarse con los testigos y muchas otras cosas), las pruebas PRESENTADAS por la fiscalía han resultado probatorias SIN LUGAR A DUDAS DE NINGUNA ESPECIE de la culpabilidad del procesado y, en consecuencia, se dicta FALLO CONDENATORIO CONTRA ÉL.

En caso de dudas a la hora de sancionar, o sea, si el tribunal no está seguro de la culpabilidad del acusado, debe absolverlo. In dubio pro reo (“en caso de duda se actuará a favor del acusado”) reza un viejo apotegma jurídico romano. “Estar seguro” significa precisamente eso: estar convencido, y ese convencimiento deberá provenir de las pruebas indubitables aportadas por quien acusa.

Mientras lo anterior no ocurra, el acusado seguirá presumiéndose inocente a todos los efectos legales y no podrá recibir (aunque esto también es válido para después de resultar sancionado) ningún trato por parte de la policía o de las autoridades penitenciarias que pueda ser considerado como “inhumano, cruel o degradante”. En próximas ediciones continuaremos con este tópico.


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