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Y entonces, ¿Cómo quedo yo?


25-09-2009, René Gómez Manzano

Cubamatinal/ Hace algo más de un mes, me referí en otro artículo al caso de Juan Carlos González Marco (Pánfilo), quien, después de su pintoresco y alcohólico reclamo de comida, acababa de ser detenido como individuo “peligroso”.

La Habana, 23 de septiembre/ Apuntaba yo entonces que lo más probable era que el autor de la protesta fuese enjuiciado no como el dipsómano que algunos afirman que es, sino por su supuesta “conducta antisocial”; esto último, a su vez, permitiría encerrarlo en prisión (perdón, quise decir en un “establecimiento especializado de trabajo o estudio”, que es lo que mendazmente dicen todas las sentencias de peligrosidad). Por desgracia, los hechos me dieron la razón.

Pero he aquí que el pasado día 17 se supo la noticia de la liberación de Pánfilo. Como si fuese un esclavo al que su amo emancipa graciosamente, las autoridades carcelarias le entregaron una “carta de libertad” en la que, como justificación de su soltura, se invoca la “suspensión de la medida”.

Aunque era de suponer que González Marco se reintegrase al seno familiar, en la práctica lo condujeron a la antigua Clínica Galigarcía, donde está siendo sometido a un tratamiento de desintoxicación. Es probable que, en vísperas de un “concierto por la paz” cubierto por decenas de periodistas extranjeros, resultara indeseable la presencia en las calles del Vedado de un crítico certero —no importa que alcoholizado y después arrepentido—, en favor del cual se había iniciado una campaña mundial de solidaridad.

Las últimas noticias sitúan a nuestro personaje en el referido centro asistencial, en la Calzada de Aldabó, luchando contra la adicción al alcohol que se dice que lo aqueja. Se desconocen los detalles técnicos de su ingreso a ese lugar. ¿Marchó allí voluntariamente? ¿Existe una disposición formal de alguna autoridad que ordene su permanencia en ese centro? Hasta el momento de redactar estas líneas se ignoran los pormenores del estatus legal del beodo veraz. No obstante, se asegura que al cabo de tres semanas podrá retornar a su casa.

Esperemos que así suceda, en beneficio de Pánfilo y de sus seres queridos. Deseamos para él lo mismo que para las treintenas de otros prisioneros de conciencia que languidecen en las cárceles cubanas, la mayoría de ellos desde hace más de un lustro. Aunque la experiencia actual de Juan Carlos exhibe ribetes de una nueva arbitrariedad de los comunistas, el perjuicio irrogado a él sería mínimo en comparación con el sufrido por los cautivos del Grupo de los 75 y por tantos otros cubanos dignos.

De todos modos, el caso de Pánfilo presenta otra faceta más, que es la que constituye el objeto principal de estos párrafos: Las autoridades han hecho caso omiso de la sentencia de un tribunal, y lo han metido en un centro de desintoxicación, ¿pero en qué posición quedan los fiscales y jueces que actuaron en su contra?

Todos los que alguna vez hemos ejercido dentro del sistema judicial cubano conocemos cómo funciona éste. Sabemos que cualquier compatriota nuestro que comparezca ante un tribunal acusado de cometer un delito (o —peor aún— a quien se le incoe un “expediente de peligrosidad”, como en este caso) puede repetir las palabras que Dante grabó en el pórtico del Infierno: Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate. En nuestra Isla, “imputado” es sinónimo virtual de “castigado”: los personajes togados que tienen la misión de “administrar justicia” desconocen los caminos de la absolución, y no frecuentan los de la piedad y la benevolencia. Ya sean técnicos del derecho o legos en esa materia, ellos, en todos los rincones de nuestra geografía, dan muestran de similar crueldad frente a los que tienen la desdicha de comparecer como acusados, ya se trate de verdaderos culpables o de meros calumniados.

El sistema es feroz, pero al menos debemos reconocerle coherencia: los castristas del derecho, en su protervia, solicitan, imponen, ratifican y hacen cumplir castigos desmedidos. Ninguna voz desentona en el coro, salvo, a veces, la de un defensor valeroso que se atiene a los principios de la ética profesional. Las autoridades no: entre ellas, la unanimidad y la contumacia son virtudes cardinales. Ejemplo de esto fueron las que actuaron en el caso de Pánfilo: Un policía lo detuvo, un instructor le incoó un expediente, un fiscal lo acusó, tres jueces municipales lo enviaron a prisión por dos años y otros —estos ya de nivel provincial— aprobaron lo perpetrado por sus subalternos.

No tengo motivos para dudar de que todos actuaran con sus conciencias bien tranquilas; seguramente, por esos dos años, ninguno sufrió la menor alteración de sus procesos digestivos o su descanso nocturno. En definitiva, ¿qué son 24 meses ante los milenios de cárcel repartidos sin piedad entre tantos cubanos de a pie! Ante todos los que, dentro y fuera de Cuba, denunciamos en su momento el nuevo abuso, cada una de esas autoridades podía haber alegado: “¡Todo está en orden! ¡La culpabilidad está fuera de cualquier duda! ¡Policías, fiscales y jueces hemos actuado, y todos llegamos a la misma conclusión de modo unánime! ¡Se ha hecho justicia!”

Pero he aquí que, de buenas a primera llega una orden de donde único podía provenir —de lo alto—, y todo el tinglado tan meticulosamente erigido rueda por tierra. El castillo de naipes —o, más propiamente, de providencias, autos y sentencias— se viene abajo. El par de años de “establecimiento especializado de trabajo o estudio” (¡de cárcel, en realidad!) queda reducido a la nada. Donde dije “digo” dije “Diego”. Y los flamantes policías, fiscales y jueces profesionales (¡sobre todo estos dos últimos, que son los que han estudiado la ciencia del derecho!) quedan con sus vergüenzas al aire, exhibidos a la contemplación pública en toda su impresionante desnudez de razones.

Es triste tener que sudar calenturas ajenas y padecer vergüenzas que no nos pertenecen. Pero confieso que yo, que por supuesto nada tengo que ver con el atropello a Pánfilo, siento pena por esos juristas que interpretaron fielmente los roles a ellos asignados, y que ahora ven —supongo que asombrados e incrédulos— cómo la obra de teatro tan cuidadosamente montada queda desautorizada, quizás por los mismos que ordenaron de inicio su puesta en escena. Estoy seguro de que muchos de mis hermanos de la Corriente Agramontista, la agrupación de abogados independientes que me honro en presidir, comparten conmigo ese sentimiento de vergüenza.

Me pregunto: ¿Qué valoración harán ahora esos fiscales y jueces de la obediencia que los llevó a este lamentable papelazo? ¿Serán capaces de analizar críticamente su propia conducta y rectificarla en lo adelante? ¡Ojalá! ¿Comprenderán finalmente que la independencia de los funcionarios del orden judicial y su obediencia sólo a la Ley no es una consigna vacua, sino una necesidad ineludible?

Esperemos que tengan al menos el pudor de repetir —siquiera sea en su fuero interno— la frase popularizada por la simpática Aurora Basnuevo en la televisión, cuando interpreta a una abuelita bondadosa que imparte a sus nietos buenas enseñanzas después echadas por tierra por los actos de otros: Y entonces, ¿cómo quedo yo!
 


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