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Cuba y su Realidad Social 23-05-2017

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Jubilaciones de utilería
15-02-2009, Miguel A. García Puñales

Cubamatinal/ No hace mucho abordamos las supuestas “subvenciones” al consumo de los cubanos y cómo estas encubrían los impuestos reales y la exacción de plusvalía por parte del estado empleador. Lea sobre las “subvenciones” el artículo: Salarios exiguos y mala memoria proverbial

Hoy queremos analizar el problema de las jubilaciones a la luz de la nueva Ley de Seguridad Social. Es imposible hacerlo sin hacer referencia brevemente a dos categorías económicas elementales; Salario Nominal y Salario Real, así como el comportamiento de ambos en los 50 últimos años de historia económica de la nación cubana.

En los países de economía de mercado la protección al salario ante el proceso de incremento de los precios nominales de las mercancías se ejecuta aplicando una corrección concreta: El Índice de Precios al Consumo (IPC).

El hecho de que el cálculo general o por sectores del IPC interanual -así como su aplicación en los diferentes Convenios Colectivos de Trabajo entre los sindicatos y empresarios- no sea del agrado de todos los actores sociales, no contradice una realidad; existen mecanismos imperfectos, pero corregibles, para evitar la degradación del poder adquisitivo y por ende del consumo.
Tales mecanismos han estado ausentes durante medio siglo en la economía cubana.

A la congelación de los salarios aplicada desde 1962 en Cuba, le correspondió en teoría un congelamiento de los precios de las mercancías. Tal medida se “justificaba” con el inicio del embargo norteamericano, el desbarajuste económico derivado de “la propiedad social sobre los medios de producción” - léase depredación de la propiedad por parte del estado- y el inicio de los innumerables “experimentos económicos” al que pusieron manos a la obra un grupo de neófitos, voluntaristas e irresponsables aventureros, devenidos profesionales de la revolución social.

La base del congelamiento de los salarios se basó en la implantación de la “libreta de abastecimientos” –léase cartilla de racionamiento- aplicada desde marzo de 1962, de manera tal que se supuso- al menos así se argumentó- que salarios más precios congelados por igual, darían como resultado una ecuación de estabilidad del salario y el consumo.

Sólo que como toda cartilla de racionamiento, la boyante “libreta de abastecimientos”, no garantizaba el consumo mínimo al que estaba acostumbrada la población – y no solo en épocas de bonanza-, especialmente porque como consecuencia directa de la eliminación de la propiedad privada y los experimentos económicos la producción cayó en picado. Si a esto sumamos que hasta el 13 de marzo de 1968, -aunque a regañadientes- se admitía la existencia de un sector privado, fundamentalmente en el sector de los servicios (hostelería, transporte, comercio minorista entre otros) y algunos sectores productivos; estarían dadas las condiciones para el brusco incremento de los precios de mercancías y servicios, por dos factores reiterativos, escasez de mercancías y encarecimiento de los costos productivos.

No volvieron a hacerse correcciones salariales de algún tipo –al menos de forma general- hasta inicios de la década de los años 80 con la llamada Reforma General de Salarios y Precios, en la que a la par que se efectuaban algunos incrementos salariales –por supuesto sin tener en cuenta el IPC de las dos décadas anteriores- se modificaron los precios al alza.

Vuelve a hablarse de reformas salariales globales justo al arribar al siglo XXI, pero el sistema de aplicación se ajusta al mismo procedimiento empleado con anterioridad; de manera tal que el salario sigue siendo una expresión simplemente nominal del pago por el trabajo, que no sirve de fuente de sustento a la clase trabajadora toda vez que el IPC acumulado ronda dimensiones incalculables que algunos analistas sitúan como 100 veces menor que el rendimiento de su poder adquisitivo en 1962. Aunque, evidentemente es un cálculo prácticamente imposible de hacer con total exactitud; dado el deterioro de las ofertas comerciales accesibles, la comercialización mediante el sistema de dualidad monetaria y el secretismo estatal con relación a los datos de la economía real.

La Jubilaciones

Si el salario real decrece de forma inexorable otro tanto pasa con las jubilaciones.

El sistema de Seguridad Social cubano se basa en las aportaciones de las empresas –léase, empresas del único empleador, el estado totalitario- por tanto en las aportaciones que el propio estado hace pasando de una mano a la otra, una parte de las exacciones. Supuestamente y desde 1962, los trabajadores cubanos no hacen aportes a la Seguridad Social, sólo el empleador –dicen-, ese es un punto que ya hemos dejado aclarado en un artículo anterior. Concluyentemente los trabajadores cubanos no sólo aportan directamente a la Seguridad Social, -situación encubierta por la exclusión del Salario Bruto en sus nóminas- sino que también lo hacen al asumir con su plusvalía los costos de impuestos que evidentemente el estado no se aplica a sí mismo.
Durante todo el tiempo que ha transcurrido y hasta que recientemente fuera aprobada la Nueva ley de Seguridad y Asistencia Social, el sistema de jubilación de los trabajadores cubanos establecía según su última ampliación en la Ley 24 de Seguridad y Asistencia Social de 1979, los siguientes elementos generales para los requisitos de acceso y cálculo de los pagos:

• Requisitos de edad: 55 años mujeres, 60 a los hombres
• Requisitos de años trabajados: 25 años para acceder de pleno derecho
• Método de cálculo: Determinación del salario base medio, mediante elección de los cinco mejores años salariales de los últimos 10 años de trabajo.
• Aportaciones al cálculo: 50 % del salario base, más 1% por cada año laborado por encima de los 25 años requeridos.(1,5 % en el caso de la categoría II, que comprende a trabajadores cuyo tipo de trabajo comprende un desgaste físico o mental que impide la extensión en el tiempo del vínculo laboral)


Algunas medidas de incremento en las pensiones pagadas por la Seguridad Social a los jubilados, han sido utilizadas por el estado cubano para “argumentar” la “justicia social” del sistema de pensiones que aplican. La pensión media en 1989 se encontraba en el rango de los 89 pesos nominales, mientras que en 2007 nominalmente la pensión media alcanzaba la cifra de 205 pesos, es decir 8,20 pesos convertibles.

Si sólo en nóminas, la pensión media de 2007 es 2,45 veces más alta que la media de 1989, en poder adquisitivo real aplicando el IPC estimado; la pensión media perdió algo más del 70% de su capacidad real para la adquisición de bienes y servicios.

La nueva ley, que se ampara en una situación demográfica real; la población cubana envejece, incluso en los dos últimos años –exceptuando el último reporte de 2008 que a última hora informaba de una supuesta nivelación demográfica avalada por los registros de decesos y nacimientos- decrece a ojos vista producto del alertado decrecimiento de la tasa de fecundidad y de reproducción.

La tendencia al envejecimiento poblacional –personas con 60 años o más- alcanza en la actualidad el 16,6 % y debe alcanzar hacia 2025 el 26,1% -si un verdadero milagro demográfico no se produce- con lo que nos ubicaremos como el país más envejecido del hemisferio.
Analizar las causas que han originado tal situación requeriría de un artículo –o varios- especialmente dedicados a ellos. Solo me referiré a las discrepancias que sostengo con algunos datos publicados - incluso por colegas especializados de la oposición interna- pues incurren en el viejo error de confundir “esperanza de vida” con promedio de años vividos por una generación y dar por buenos los datos oficiales de la emigración en los últimos siete años, atribuyéndole a este movimiento demográfico una de las causas -lo es pero no de la importancia que se le atribuye- del envejecimiento. Ambos, aspectos utilizados en las últimas argumentaciones del gobierno y sobre los cuales volveremos al final de este artículo.

Las nuevas modificaciones generales en la Ley de Seguridad y Asistencia Social, transcurren de la siguiente forma:

• Requisitos de edad: 60 años mujeres, 65 a los hombres
• Requisitos de años trabajados: 30 años para acceder de pleno derecho
• Método de cálculo: Determinación del salario base medio, mediante elección de los cinco mejores años salariales de los últimos 10 años de trabajo.
• Aportaciones al cálculo: 60 % del salario base, más 2% por cada año laborado por encima de los 30 años requeridos hasta un máximo del 90 % del salario base del cálculo.


Aunque la página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, aún no refleja la nueva ley y la totalidad de la metodología de aplicación de la misma, un simple análisis de los principales elementos del texto del Anteproyecto de Ley nos permite arribar a las siguientes conclusiones:

1. La nueva Ley no tiene en cuenta las condiciones del salario en Cuba a partir de su poder adquisitivo real. No puede hacerlo mientras no se reforme radicalmente el sistema económico del país.
2. Está concebida esta nueva legislación sólo para alargar la vida laboral de los trabajadores a la vez que incrementa los requisitos de años trabajados para acceder a la prestación básica.
3. Ofrece “beneficios” no comprendidos en la ley hasta el momento, tales como poder devengar salario íntegro en nuevo empleo con posterioridad a la fecha de jubilación (de sector diferente al que motivó la pensión original), que de hecho solo buscar extender aún más la vida laboral.


Si lo permite el amigo lector quiero volver sobre algo que dejamos pendiente en párrafos anteriores. Para ello quisiera retomar algunos planteamientos oficiales referentes al “disfrute” de la pensión por los jubilados en una media de 20 años post jubilación.

Evidentemente no toda la población alcanza las edades marcadas como de esperanza de vida para su generación. Hablar alegremente del “disfrute” de alrededor de 20 años de “descanso” devengando una pensión suena a una amarga sátira.

Los niveles de salario real en la población activa evidentemente no son suficientes para un nivel digno de vida a partir de la satisfacción de las humanas necesidades.

Un reciente estudio del Centro de Información y Documentación de Estudios Cubanos de Madrid, demuestra que los niveles de pobreza de la población cubana no sólo van en incremento, sino que además sitúan los niveles de marginalidad social en parámetros cada vez más preocupantes. Uno de los problemas abordados es precisamente el de la vejez.

Según la nueva ley, para que un cubano de cualquier sexo llegue a devengar una pensión equivalente al 90% de su salario debe trabajar ininterrumpidamente 45 años de su vida. Es decir, un hombre que comience a trabajar a los 20 años de edad, deberá laborar ininterrumpidamente para obtener tal beneficio a los 65. Para una mujer obtener igual beneficio debe comenzar a laborar a los 15 años y como ello es imposible, pues la edad laboral inicial es legal solo a partir de los 17 años, comenzando a esa edad debe extender entonces su vida laboral dos años más allá de la edad marcada para la jubilación por edad, hasta los 62 años.

En España por ejemplo, donde ya las edades de jubilación que se aplican son las que ahora adopta el estado cubano, la esperanza de vida aventaja los parámetros de nuestra nación en muy pocos puntos o hasta décimas porcentuales. Sin embargo, una simple comparativa entre requisitos de años trabajados y capacidad adquisitiva real de la pensión demuestran que en el caso cubano, la extensión de los años trabajados no redunda en mejoría alguna para el jubilado.

Seguimos sin comprender por qué, en medio de la propaganda sobre la igualdad de género y la crisis demográfica, la edad de jubilación de las mujeres difiere en un lustro de los hombres cuando la esperanza de vida al nacer de ambos sexos es favorable a las féminas. Podría haberse buscado una media de incremento en los años de jubilación igual para ambos sexos que garantizara la disponibilidad de mano de obra a la vez que un disfrute más o menos paritario del descanso en los últimos años de vida.

Pero ya que se habla tanto de los “beneficios” de los trabajadores cubanos a consecuencias de “su” revolución, tomemos como ejemplo la situación de los jubilados españoles para establecer un estado comparativo. Quisiera que el amable lector me permitiera adoptar dos premisas, la primera de ellas; dar por sentado – a los datos de la OIT me remito- que tomando como punto de partida el año 1959, la situación de los trabajadores cubanos y por ende de los jubilados –salario real mediante- era evidentemente favorable a los nacionales cubanos con relación a los españoles por aquella fecha.
La segunda premisa es que hemos tomado de ambos sistemas de jubilación los datos más simples –los inferiores de la escala- para no entrar al entuerto de efectuar un análisis técnico categoría por categoría. Si aclaro; cuando utilizamos el término pensión mínima referida a los jubilados españoles, nos estamos refiriendo a los jubilados sin familia a cargo. En el caso cubano no hacemos aclaración alguna pues el sistema de cálculo de pensiones no tiene en cuenta esta categoría.

La primera conclusión visual del estado comparativo nos llevar a afirmar que un jubilado español percibe al año como pensión mínima algo más de 70 veces la jubilación media de un pensionista cubano.

Comparativa Esperanza de vida / Jubilación           

España Cuba
Concepto Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Esp. de vida

79.96

83,48

76

80,02

Edad de jubilación

65

60

65

60

Esp. de disfrute

11.96

23.48

11

25.02

Requisitos años trab.

15

15

30

30



Comparativa pensiones mínimas base salario real

Pensiones Cuba cuc España €
Pensión mínima anual

98,40

6.905,08

Pensión mínima mensual

8,20

493,22

Téngase en cuenta que para poder establecer un estado comparativo más o menos homogéneo hemos otorgado la cualificación de pensión mínima a la pensión media cubana, así como equiparamos el cuc al valor del euro, ambas decisiones comparativas favorecen los datos cubanos, aún así los resultados son evidentemente desfavorables al pensionista cubano. Las pagas españolas son 14 anuales, mientras que las cubanas son 12, de ahí la aparente incorrección en la columna de España.

Si a algún apologista se le ocurriera hacer referencia a los servicios de salud “gratuitos” del pensionista cubano, debemos recordar que nuestros jubilados “disfrutan” hoy de un Sistema Nacional de Salud evidentemente deteriorado, con pésima calidad de los servicios y con una escasez casi total de medicamentos; que por cierto, exceptuando a los que son administrados en instituciones hospitalarias son de pago.

Compárese con los servicios de salud de que disfruta un pensionista español; agregando que para los jubilados españoles los medicamentos son absolutamente gratuitos, amén de otros beneficios como precios preferenciales –casi simbólicos- en áreas de importancia como el transporte público.
Por último quisiera hacer referencia brevísima al tema migratorio. Aunque Cuba es potencialmente un país del que emigrarían hasta los gatos –los que quedan- el flujo migratorio real cubano realmente no era preocupante desde el punto de vista demográfico hasta que se llegó al punto de un decrecimiento poblacional absoluto, es decir pérdida de población.

La suma de todos los cubanos residentes en el extranjero o fallecidos en otras tierras a lo largo de estos 50 años son sustancialmente inferiores a las de vidas pérdidas mediante la absurda práctica del control de la natalidad mediante interrupción descontrolada de los embarazos –estimados en 4 millones hasta hace algo menos de una década- y por supuesto la baja tasa de fecundidad cubana es sólo atribuible a la desesperanza de los jóvenes con relación a su futuro –vivienda, salario real, libertad para decidir la educación de los hijos etc.- y no es de encargo oír como algunos funcionarios cubanos alaban la situación actual demográfica calificándola como “propia de países desarrollados”.
Allá como aquí, la pérdida de población es una enfermedad demográfica que, aunque pueda tener componentes biológicos, es básicamente social. Sólo que, las motivaciones sociales de la riqueza material no son las mismas que las de la miseria.

Por otra parte, el sector más productivo de la nacionalidad cubana –para la propia nación- es la población perdida residente en el exterior, pues comparativamente -y sólo tomando como parámetros su escaso volumen con relación a los que residen en la isla así la parte de los salarios que remesan a ella- son los cubanos que más beneficios líquidos aportan a la nación. Por ende sus aportaciones se sitúan entre los cuatro primeros rublos de ingresos netos de la Renta Nacional.

No habrá solución, -ni para la economía y menos por supuesto para la población-, hasta tanto no se reforme en su totalidad el sistema económico del país. No hay que consultar a las Sibilas del oráculo de Delfos; al que dude sólo decimos… espere un tiempo y verá.


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