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La política del garrote
10-12-2008, Tania Díaz Castro

Cubamatinal/ Miles de cubanos han sufrido el odio y la intolerancia del régimen luego de entrar en una sede diplomática en busca de protección para sus vidas. En las embajadas permanecían años a la espera de un salvoconducto que nunca les llegó, y en las cárceles, de las que nunca fueron amnistiados, recurso legal que tampoco ha concedido el gobierno.

A pesar de que los revolucionarios que se enfrentaron al dictador Batista pudieron salir del país con pasaportes falsos o verdaderos -como es el caso de Fidel Castro y muchos otros-, o pedir asilo político en determinada sede diplomática, cuando los fidelistas tomaron el poder negaron esos beneficios a sus enemigos políticos.

La historia de los salvo conductos comenzó recién instaurado el actual régimen. El 27 de enero de 1959 -según documento presentado a la Organización de los Estados Americanos y publicado en la prensa nacional al día siguiente-: “El nuevo gobierno revolucionario de Cuba tomó el acuerdo de instruir a todos los jefes de misiones para que en ningún caso concedan asilo a tiranos ni a sus colaboradores”.

En reuniones celebradas en la más absoluta reserva entre embajadores extranjeros y funcionarios cubanos, donde estaban presentes el doctor Roberto Agramante, entonces Ministro de Estado, el Comandante del Ejército Rebelde, Humberto Sorí Marín - fusilado dos años después en la Fortaleza de La Cabaña, acusado de actividades clandestinas y alta traición-, así como el doctor Ramón Roa y otros, se exigió a la representación extranjera que se cumpliera a la mayor brevedad posible lo dispuesto por el presidente de la República, Manuel Urrutia quien, paradójicamente, poco después se vio forzado a tomar el camino del exilio.

En dicha reunión también se les comunicó a los embajadores que los salvoconductos otorgados a veinticuatro personas asiladas en la sede chilena -la mayor parte de las cuales habían ocupado altos cargos ministeriales en el régimen de Batista-, estaban anulados de manera definitiva, puesto que serían juzgados.

La medida, cruel e inhumana, ha dado lugar, a lo largo de cincuenta años, a que el Centro Internacional de Prisiones, con sede en Londres, estime que en Cuba hay 300 prisioneros por cada cien mil habitantes, cifra que la coloca entre los primeros lugares de los cien países que establece dicho Centro, y también que Amnistía Internacional haya declarado que Cuba es el país con mayor número de prisioneros de conciencia, entre ellos periodistas y activistas de derechos humanos, encarcelados en penitenciarías de alta seguridad.


 


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