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La justicia penal cubana es solo para los “revolucionarios”
13-09-2008, Juan Escandell Ramírez

Por Juan Escandell Ramírez y Camilo Loret de Mola*

Cubamatinal/ Cuando la dictadura cubana asegura que “La calle y la universidad son para los revolucionarios”, esta fijando las reglas de su macabro juego, ratifica el principio que enarboló en aquel temprano Congreso para Intelectuales, donde acorraló el arte con otra sentencia: “con la revolución todo, contra la revolución nada”. Realmente no son consignas, desgraciadamente son verdades, realidades que imponen a la Revolución y a sus representantes principales como la primera razón del país, después vendría todo lo demás.

El discurso oficial de la Revolución establece que en la medida que te prestes a su juego tendrás posibilidades de sobrevivir, que además, tu voluntad no es lo que prima, que esta obediencia obligada te será impuesta y que de ello se encargan sus fuerzas represivas, tanto las oficialmente expuestas en cada órgano o institución estatal, como las otras disfrazadas de movimientos populares como las Brigadas de Repuesta Rápida, grupos para oficiales que agreden impunemente a pacíficos cubanos que protestan.

El último ejemplo de estas presiones y de cómo el Gobierno se vale de cuanto elemento existe a su alcance para imponer su voluntad es la golpiza contra los integrantes del grupo de rock, Porno para Ricardo, los amigos de Gorki Águila, ese valiente rockero que puso a temblar a la tiranía.

Pero a la dictadura no le es suficiente ser dueña de calles y universidades, de vidas y hacienda, es dueña también de la justicia penal, utilizada a su antojo como instrumento de poder, reprimiendo cualquier voluntad que intente disentir de sus slogans obligados.

El sistema jurídico cubano no escapa de la imposición de subordinación a los intereses del poder, Si bien no existe una consigna o sentencia como las antes expuestas, su actitud sumisa y de sometimiento a los dictados del Poder hace evidente el triste papel establecido para el Poder Judicial en las actuales condiciones cubanas.

¡La justicia Penal solo para los “revolucionarios!, principio no reconocido oficialmente, pero que los hechos confirman, miles de fusilados y encarcelados sin garantías desde 1959, constantes farsas judiciales y un permanente divorcio con la legalidad, demuestran que el principio no necesita oficializarse, es evidente que esa actitud clasista rige en los Tribunales de Cuba.

El pasado 25 de agosto del 2008, tres conocidos opositores al régimen: Marta Beatriz Roque Cabello, Vladimiro Roca y Jorge Luis Pérez (Antúnez), acudieron ante el Fiscal General de la República, Juan Escalona, quien por razones de su cargo, ostenta de manera absoluta la titularidad de la acción penal (entiéndase la facultad o potestad de perseguir cualquier acto reclamado como delito en reclamación de justicia penal).

Estos conocidos disidentes acudieron a su presencia para denunciar que sus correos electrónicos, llamadas telefónicas, vídeos personales, fotos y otros documentos habían sido exhibidos sin su consentimiento, en varias oportunidades, tanto en la televisión nacional y la prensa escrita.

Los opositores alegan con razones justificadas, que estos hechos son constitutivos del delito previamente establecido de violación y revelación del secreto de la correspondencia; previstos y sancionado en los artículos 289 y 290 del Código Penal vigente.

Como autores del delito Identifican a la personas conocidas como Randy Alonso, Lázaro Barredo Medina, Manuel Hevia y Reynaldo Taladrid, todos periodistas de los servicios de información nacional y que jugaron un papel directo en la exposición pública de estos documentos personales. También acusan a los funcionarios oficiales Coronel Adalberto Rabeiro y Josefina Vidal Ferreiro quienes en su condición de funcionarios del sistema represivo del Gobierno, se valieron de los diferentes sistemas de información nacional para exponer en detalles la forma y manera en que se habían posesionado de tales documentos y reconocían como suya la exhibición de los mismos ante diferentes programas informativos.

De haber estado vigente la Constitución de 1940 y la ley de Procedimiento Penal de antes de 1959, no habría necesidad de acudir al Fiscal General para demandar justicia.

Marta Beatriz, Vladimiro y “Antúnez” gozarían de garantías suficientes para hacer valer sus derechos como ciudadanos, se hubieran querellado ejerciendo la acción penal popular que entonces sancionaban esas legislaciones. Hoy ese monopolio absoluto responde a la Fiscalía que a su vez, responde directamente al Gobierno y sus intereses, provocando un sinnúmero de injusticia como la que relatamos.

Recibida la denuncia y de acuerdo al articulo 121 de la Ley de Procedimiento Penal vigente, se debía haber procedido a la investigación de los hechos, determinar si los mismos eran constitutivos de delitos o no si los hechos denunciados eran manifiestamente falsos o tenían un fundamento real, y en definitivas, de acuerdo a lo investigado, dictar resolución archivando la denuncia por falta de elementos, o disponer el inicio del Expediente de Fase Preparatoria si consideran que existen elementos reveladores de la posible autoria de una infracción penal. Este proceso judicial se debe acometer inclusive en casos donde la denuncia sea de carácter anónimo y se desconozcan a los presuntos autores.

Pero, ¿cuál fue el comportamiento de la fiscalía? Esta institución, representada por el señor Fiscal General, Juan Escalona, de manera arbitraria y delictiva, en vez de ejercer la acción penal de la que es titular y por la que se encuentra obligado a defender a la sociedad y a sus víctimas de la comisión de delitos y sobre todo a defender el principio de legalidad que le viene impuesto por mandato constitucional, rehusó conocer de la denuncia interpuesta, indicándole a los denunciantes que presentaran el escrito en el Departamento de quejas a la ciudadanía.

En mi modesta opinión, como técnico del Derecho, El fiscal General Juan Escalona ha prevaricado porque rehusó y omitió injustificadamente el cumplimiento de un deber que le venia impuesto por mandato constitucional.

Es la fiscalía la encargada de velar por la legalidad, y ejercicio de la acción penal y por tanto tal conducta de omisión de sus obligaciones tipifica evidentemente la infracción penal prevista y sancionada en el articulo 137 del vigente Código Penal que dice : “El funcionario publico que retarde maliciosamente la tramitación o resolución de un asunto de que conozca o deba conocer u omita injustificadamente el cumplimiento de un deber o de un acto que le venga impuesto por razón de su cargo o rehúse hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas.”

La Fiscalía General de la República de Cuba no duda en violar la Ley en aras de proteger los intereses de Gobierno. Los vigilantes del cumplimiento de la Legalidad Socialista resultan los delincuentes mayores. Su actitud es reprochable. La esquiva solución que pretenden darle al legítimo reclamo popular de tres ciudadanos, persigue dilatar el proceso y con una respuesta elemental dar por zanjada la situación.

Pero los tres opositores pueden seguir presionando a la dictadura, pueden denunciar esta conducta ilegitima e ilegal del Fiscal General ante el Presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, quien por Ley, está obligado a proceder en su contra. De seguro harán uso de sus artimañas y trucos para evadir la responsabilidad, pero se situaran en una posición de descrédito tal que puede ser ventilada a nivel internacional, demostrando su sucia esencia clasista, su papel de servidores del poder. Una prueba más de la clase de arbitrariedad con que lidia el pueblo cubano por estos 50 años.

Juan Escalona, al igual que los principales culpables de la tragedia cubana, impone que la Justicia Penal es solo para los “revolucionarios” y actúan de manera arbitraria en defensa del poder, no de los derechos ciudadanos que como retórica barata y disfraz de sus intenciones, aseguran representar.

Tantos años imponiendo voluntades les hacen sentirse seguros, se creen impunes.

A diferencia de ellos, aspiramos a que el día de mañana, cuando les toque ser enjuiciados, puedan disfrutar de Tribunales imparciales, con todas las garantías y no ejecutados por el origen primitivo de la acción penal, la venganza de las víctimas de sus desafueros.


*Abogados de la Corriente Agramontista.


 


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