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UN MODELO JURÍDICO DE TRANSICIÓN EN CUBA
10-07-2008, Ernesto Gutiérrez Tamargo

Documentos: Un modelo Jurídico de Transición en Cuba
Cubamatinal/ iniciamos hoy para nuestros lectores la publicación de las diferentes ponencias presentadas en el V Foro Atlántico “ Cuba, de la dictadura a la democracia” que sesionó en Madrid el día 7 de julio de 2008.

 

Ernesto Gutiérrez Tamargo*

UN MODELO JURÍDICO DE TRANSICIÓN EN CUBA

I.- INTRODUCCIÓN Y POR QUÉ ES POSIBLE LA TRANSICIÓN EN CUBA.-

Ningún proceso de transición democrático de una dictadura hacia un Estado de Derecho es perfecto ni mucho menos ideal, tampoco fácil ni por asomo inmediato. El ingente esfuerzo de los demócratas de cambiar lo inservible, lo injusto y lo indigno de un sistema dictatorial –sea cual sea su status ideológico, totalitario o autoritario- que conculca los principios fundamentales de libertad, democracia, y derechos humanos, para construir un nuevo cuerpo de leyes en los cuales dar cabida y sustento a ese anhelo tan imperioso de dignidad para todos, ya es de por sí el más importante y noble de los propósitos de cualquier proceso de cambio sistemático. Para que sea bueno, como todo en la vida, tiene que cocerse hilvanando muy bien dos factores vitales: el tiempo y el espacio. Estamos, en mi opinión, en el tiempo idóneo, y a la postre, intentamos –a marchas forzadas- posicionarnos en el espacio adecuado para que ambas magnitudes converjan y se dé el ansiado deseo.

Lo que hace viable la existencia perdurable de la democracia como sistema, de ese imperio tolerado de la Ley pluralista, aprobada en un Parlamento de hombres y mujeres libres, sobre la voluntad omnímoda de otros que no lo son, es precisamente la criba del tiempo, el filtro de años y años de continuo devenir, por medio del cual dicho cuerpo de leyes e instituciones en las que debe sostenerse ése naciente Estado ha sido probado, contrastado y resultado inmune al crítico y detestable deseo humano de perpetuar indefinidamente en el poder a una persona, un partido o una ideología.

Cuba, después de casi 50 años de una dictadura militar totalitaria de izquierdas, no debe ni puede ser ajena a este necesario y vital esfuerzo de someterse al quirófano de un cambio político, esto es, de una transición democrática. Los sistemas dictatoriales –especialmente el cubano- son una enfermedad que carcome y destruye la razón misma de la sociedad civil, de la esperanza de cualquier ser humano, que, para mayor desidia, intenta para consolidarse en el tiempo revestirse de aparente legalidad en todo aquello que resulta injustificable a los ojos de cualquier demócrata: la injusticia de prescribir el ostracismo para todos aquellos que se le opongan, y lo ilegítimo de concebir un sistema diseñado para ser inamovible, aún, cuando sus propios errores lo hagan inviable en todo lo económico –que es, en fin de cuentas, lo que sostiene la pretendida seguridad y estabilidad sociales- con sus planes para salvar el status quo imperante, no ha traído otro resultado que el de sucumbir por ineficiente, ineficaz e injusto. El experimento de sus creadores europeos y asiáticos ha sido el más fehaciente fracaso en la Historia de un ensayo político que entierra al hombre y encumbra a la sociedad; Cuba, por extensión, no ha de ser distinta ni diferente a éste postulado.

Por eso, la transición política en Cuba a una democracia debe ser cuidadosa y prudente en concebir un diseño jurídico que sea, cuando poco, eficaz para que sea aplicable, y, en consecuencia con ello, asumible en su inicio por los estamentos arcaicos actuales de modo que se pueda, de la ley a la ley, comenzar a desmantelar paulatinamente un sistema dictatorial desde sus mismas infraestructuras, de forma no traumática, pero efectiva, con el fin de que las garantías y derechos humanos fundamentales, tanto políticos, sociales, como económicos, tengan el respaldo de una sopesada coacción para exigir sus obligaciones, y con ello un cauce garantista para refrendar debidamente los derechos plenos por medio de instituciones jurídicas que se ganen el respeto y consideración debidas por la sociedad.

Este es el modelo jurídico que nosotros queremos proponer, uno más (no el único), que está inspirado primero que todo en nuestra propia cultura legal cubana, en el Derecho patrio que tanto nos dio y del que tanto podemos retroalimentarnos, y, por qué no decirlo también, en la experiencia de otros procesos de transición democrática –especialmente el español que hemos vivido- que han tenido éxito. De tal guisa, hemos pretendido que sea, al menos, posibilista y, en consecuencia, de asunción rápida para que tampoco se dilate impropiamente en el tiempo un proceso que, por esos vericuetos legislativos de la tardanza perfeccionista y/o de pruritos jurídicos de difícil satisfacción personal, imposibilite la efectiva aplicación de esos principios de cambio tan necesarios para la Cuba que todos queremos.

La transición para nuestro país no solamente es posible, es también deseable, y es precisamente esa posibilidad unida a la voluntad, lo que debe dar pie a la convicción de que una dictadura, por perfecta e imperecedera que pretenda ser, a fin de sostenerse a capa y espada, jamás podrá superar la criba de vulnerar solapada o manifiestamente los derechos humanos más trascendentales. Por ello, el colofón de esa esperanza, de esa posibilidad de transición, está en la naturaleza misma del género y condición de la persona: desde el poder existe la inaudible convicción de dos generaciones que han sucumbido al fracaso de un sistema agotado, que jamás querrán para sus hijos y nietos el mal que a ellos les ha sobrevenido, y del cual saben que no hay más remedio o cura que su extinción. Los experimentos para reflotar el sistema imperante se han dado de bruces con todas las aristas de la razón y el sentido común; el tiempo es inexorablemente cruel, nos pasa a todos y no pide permisos. Roto el primer y último valladar que es el miedo (que también es libre de dejar de existir en cualquier momento, por más que persista el terror), el castillo de naipes se viene abajo. La libertad a medias no es democracia, no admite paliativos, no se da a trozos ni se recibe parcialmente. El principio universal de la libertad es la plenitud de su ejercicio.

Nosotros proponemos, por tanto, una salida, una vía que nos permita a todos los cubanos empezar a reconstruir nuestro país poniendo un cimiento que haga sólido el edificio futuro: esto es, crear el Estado de Derecho que garantice progreso, estabilidad y seguridad jurídicas. La clave de una transición –para que sea pacífica-, y también legitime a sus actores en los escenarios políticos de una Cuba presente y futura, es que el gobierno o poder entienda que es posible, que será respetado si asume la reforma o cambio político, y que la empiece seriamente sin más dilaciones. El mundo lo espera, Cuba lo necesita. De lo contrario, el escenario sería otro, u otros, imprevisibles e incontrolados.

II.- ESTAMENTOS JURÍDICOS DEL RÉGIMEN SOCIALISTA QUE DEBEN SER SUPRIMIDOS PARA PROPICIAR LA TRANSICIÓN A UN SISTEMA DEMOCRÁTICO.

En nuestra opinión, los cubanos necesitamos una enorme dosis de concordia, coexistencia y tolerancia para poner en marcha un proceso de cambio político que implica, por demás, otro grado significativo de madurez, cordura y paciencia en la toma de decisiones. Si fallamos en algunas de éstas premisas, las que han sido en mayor o menor medida fórmulas de éxito en los procesos de cambios políticos de dictaduras a democracias en el último siglo, volveremos a caer en el amargo “destino manifiesto” de los caciquismos, revanchismos e inmovilismo que nos han llevado al sistema dictatorial imperante hoy día. Esas desventuras del carácter, han sepultado al único país del hemisferio occidental americano (excluyendo a Haití, con el cual Cuba, además de su proximidad geográfica, no guarda ninguna clase de semejanza), a un sistema de no alternancia política de poderes, que no ha tenido en cincuenta años ningún otro país en América Latina. Y, para más dolor, Cuba no es mejor que ellos; en todo caso, el socialismo totalitario ha provocado que casi el 20% de su población activa en los últimos 50 años se encuentre exiliada o emigrada fuera de sus fronteras, fenómeno de diáspora dolorosísima que Cuba no había conocido jamás en su Historia como república independiente. Antes, y finalizo, nuestro país era tierra de prosperidad, refugio de oportunidades para los nativos y para los de otras nacionalidades. Y esto no admite controversias, no es ideológico, es una realidad socio-económico demográfica.

Las estructuras jurídicas del régimen actual que deben ser suprimidas, modificadas o cambiadas son, principalmente, las de orden constitucional, emanadas de la Constitución de 1976 (reformada en 1992, y corregida por la Ley de Reforma Constitucional de 26 de Junio de 2002), toda vez que es precisamente esta Carta Magna de dónde se coligen la mayor cantidad de despropósitos y trabas jurídicas para iniciar a un proceso democrático que cambie el régimen actual. Esa Constitución es insalvable para una transición.

1.- El régimen cubano es una dictadura de partido, comunista en este caso, que consagra el imperio hegemónico de la clase obrera o proletariado sobre cualquier otra clase social, estamento o grupo, generando por exclusión la discriminación desde la propia norma sobre todos aquellos que no encajen en el apotegma social refrendado, declarando tácitamente la desigualdad por razones de ideología, credo y estrato social entre todos los cubanos. A saber:

“Artículo 1. Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana.” (sic, el subrayado es nuestro).

2.- Pero es que, para mayor agravio de imposición y coerción contra cualquier clase o tipo de disidencia política, introduce en la reforma de 2002 un cambio al artículo 3, mediante el cual legitima la guerra civil entre cubanos como solución de diferendos políticos, lo cual faculta indirectamente al Ejército a ponerse al servicio de una ideología y doctrina política contra aquéllos que considera “enemigos”. En otras palabras, la Constitución ampara una variante no sólo lesiva de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948, sino tergiversada en lo jurídico al sustentar un principio de casus belli, un cuasi-terrorismo de Estado, no para defender un país (que sería lo legítimo en el Derecho Internacional Público), sino para derrotar al que intente subvertir la dictadura o régimen político imperante, lo haga de forma pacífica o violenta.

“Artículo 3. Todos los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución.” (sic, párrafo segundo, el subrayado es nuestro).

Sin embargo, en ese mismo artículo 3º, la ya mentada reforma de 2002, añade un párrafo más corrosivo aún, al final, donde declara irrevocable el régimen socialista y denosta, denigra, y proscribe sine die la opción de un sistema político distinto (llamado despectivamente “capitalismo”):

“El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución, probado por años de heroica resistencia frente a las agresiones de todo tipo y la guerra económica de los gobiernos de la potencia imperalista más poderosa que ya existido, y habiendo demostrado su capacidad de transformar el país y crear una sociedad enteramente nueva y justa, es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo.” (sic, el subrayado es nuestro).

3.- De igual modo consagra el artículo 5 de dicha Ley el carácter preponderante y excluyente del Partido Comunista; esto es:

“Artículo 5. El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos counes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista.” (sic, el subrayado es nuestro).

4.- Asimismo, el régimen deriva o distrae los problemas internos de la ineficacia e ineficiencia propia del sistema socialista en sí, abocado al fracaso en tendencia, desviando la atención –o achacando la responsabilidad subliminal de sus problemas- a una potencia extranjera, y, para ello modificó en la ya citada reforma constitucional de 2002, uno de sus artículos para que Cuba nunca pueda negociar con los Estados Unidos de América poniendo en la mesa de negociaciones la movilidad de su status quo político imperante. Dicho de otro modo, dio cobertura de ley orgánica a un conflicto cuyo rango de solución implica, necesariamente, la modificación del régimen imperante en la Isla. O, si se quiere, el primero no interesado en que se elimine el embargo es el régimen en sí mismo, ya que, si sabe que la eliminación de cualquier diferendo comercial con Cuba por parte de EE.UU. lleva aparejada una apertura democrática en la Isla (convocatoria de elecciones libres, por ejemplo), entonces, la Constitución declara que eso es una “coerción” extraterritorial y deja al país sin la capacidad de negociar bajo esa “premisa de presión” bajo el amparo subrepticio de un maniqueo principio de equidad de entes jurídicos con soberanía: los estados. De un modo velado está diciendo que el embargo norteamericano no le interesa que se quite [–si lo dijera expresamente perdería su coartada anti-imperialista victimista-], si con ello lleva aparejado el hecho de requerir como contraprestación un cambio político en la Isla.

“Artículo 11. Las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con cualquier otro Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera.” (sic).

5.- Pero aún más grave es el hecho de que el régimen cubano impide por ley de leyes que se intente cualquier clase de cambio del sistema político preconizado (modificación o subsanación), declarando, iure et de iure y per se la inamovilidad del socialismo como estamento de poder único y absoluto en su articulado, dejando sin efecto y validez las presuntas libertades y derechos que formalmente reconoce; es decir, de un plumazo desaparecen todas las garantías fundamentales en aras de conservar el régimen político imperante sistemáticamente comunista, de partido único hegemónico y restrictivo de todo aquello que le pueda reformar:

Artículo 62. “Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible” (sic, el subrayado es nuestro).

6.- En conclusión, la Constitución de 1976 (con dos reformas en 1992 y 2002), es inservible para un sistema democrático, su estructura orgánica deja sin efecto cualquier reforma que posibilite el cambio de la misma, y ello, para mayor despropósito viene amparado por la reforma de 2002 que la hace aún, si se quiere, más blindada y cerrada al más mínimo viso de libertad político-económica, al no permitir de plano y expresamente el principio de reforma constitucional que antes sí tenía en 1976-1992. Por consiguiente, repito, elimina el Capítulo XV “Reforma Constitucional”, dejando sin efecto la opción de que se pueda modificar la Constitución total o parcialmente, no admitiéndose muy específicamente bajo ningún concepto tocar la irrevocabilidad del sistema socio-político socialista que sacraliza inamovible, y, la trampa subrepticia con los EE.UU. de no negociar la supresión del embargo, que, de hacerse, abocaría a los negociadores cubanos y norteamericanos a un callejón jurídico sin salida al no poder tocar precisamente aquello que hace inviable que un Estado libre se fíe de otro por la enorme inseguridad jurídica que le acarrea el hecho de no tener alternativas libres, independientes y propias dentro de su propia legislación; esto es:

“Artículo 137. Esta Constitución sólo puede ser reformada por la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante acuerdo adoptado, en votación nominal, por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes, excepto en lo que se refiere al sistema político, económico y social, cuyo carácter irrevocable lo establece el Artículo 3 del Capítulo I, y la prohibición de negociar acuerdos bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera.”(sic, el subrayado es nuestro).
“Si la reforma se refiere a la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular o de su Consejo de Estado o a derechos y deberes consagrados en la Constitución, requiere, además, la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en referendo convocado al efecto por la propia Asamblea.” (sic).

Un aviso a navegantes intrépidos por las rocambolescas aguas del constitucionalismo cubano castrista, en nuestra opinión (siempre sujeta a mejor criterio) puede darse la posibilidad, para rizar in extremis el rizo de un cambio político de la ley a la ley utilizando como “puente propio” la Constitución de 1976-1992, que la ANPP decida autodisolverse convocando un referéndum para dejar sin efecto su integración (cambiando la exigencia de quién o quiénes pueden formar parte de la misma y su contenido programático-orgánico que emana desde el PCC y las asambleas municipales y provinciales de dicho Poder Popular) y sus facultades, al amparo del ya citado artículo 137 párrafo 2º, de modo que, tomando ese único y singular acuerdo, lo someta a referéndum con un solo punto en el orden de cuestión: que la nueva Asamblea Nacional del Poder Popular creada ad hoc tenga como facultad y pueda aprobar la convocatoria de una Asamblea Constituyente en la que participen todos los partidos políticos (que previamente deberían ser creados y formados al amparo de una nueva Ley de Partidos), que irían a unas elecciones exclusivamente para elegir la composición de dicha Asamblea Constituyente. Por ende, de esa Asamblea saldría la propuesta de una nueva Constitución democrática que se sometería a referéndum popular para su ratificación.

III.- ESQUEMA O MODELO JURÍDICO PARA EL PROCESO DE TRANSICIÓN CUBANO, HACIA UN ESTADO DE DERECHO.-

No es ocioso advertir, con carácter previo, que el contenido de lo que este apartado viene a exponer ha sido el resultado de un esfuerzo colectivo de juristas hispano-cubanos que hemos realizado conjuntamente con nuestros colegas cubanos residentes en EE.UU., y, principalmente, de nuestros hermanos juristas de la Isla, discutiendo, revisando y consensuando. De igual modo, este esquema no es un postulado acabado ni absoluto, pretende, pues, servir de guía orientadora para afrontar, esperamos con éxito, la enorme responsabilidad de iniciar el proceso democrático cubano.
Entendemos, partiendo siempre desde una perspectiva técnico-jurídica de que la transición se promueva como iniciativa desde el poder (un poder con voluntad patriótica, ni partidista, ni ideológica, cuyo ánimo no sea el de perpetuarse estulticiamente en él, y, por el contrario, ser ayuda idónea para un proceso democrático y no ser ni piedra de tropiezo de ni obstáculo para aceptar una decisión soberana que implique, incluso, su dejación activa de funciones), propiciando cinco factores o elementos de contenido legal necesarios para empezar a admitir, efectivamente, que Cuba ha iniciado un proceso –que una vez comenzado no tiene marcha atrás- hacia un sistema pluralista, plenamente participativo (incluyente y no excluyente) tendente a concebir una nueva nación, un nuevo Estado, un nuevo país; pero, dicho sea de paso, cuando digo concebir –y lo aclaro- no decimos crear, sino dotar, construir y llenar de contenido y de razón de ser a la nación, el Estado y el país anterior al que fue secuestrado el 10 de Marzo de 1952, y finiquitado el 1 de Enero de 1959. Cuba quedó sumida en una noche larga, las sombras de la dictadura nublaron todo entendimiento y defenestraron todas las instituciones que durante la primera mitad del siglo XX cubanos de innegable prestigio construyeron con mucho esfuerzo y muchas veces con sacrificio de sus vidas.

En otras palabras, los demócratas cubanos queremos un Estado de Derecho, no igual, pero sí mejor, al que tenía Cuba al amparo de la Constitución de 1940 (obviamente reformado y modernizado a tenor del siglo XXI en el que vivimos). La Cuba democrática no puede parecerse en nada a la que debemos dejar atrás después de casi medio siglo de totalitarismo, y para ello se requiere una batería de medidas que, en uno u otro orden, en uno u otro grado, vienen siendo principios rectores comúnmente aceptados para construir un sistema político democrático. No pretendemos, vaya por delante esta advertencia, en convertirnos en legisladores del cambio, sino que, por el contrario, esta potestad es únicamente atribuible al pueblo de Cuba, en el que descansa el asiento y basamento indiscutible de su soberanía o poder respecto del destino de nuestra nación. A nosotros, pues, en estricta humildad, nos cabe arrojar, si cabe, un poco de luz ante tantas sombras (casi tinieblas) en que se encuentra sumida nuestra sufrida patria.
A saber:

A.- LEY DE AMNISTÍA PARA TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA.

Proclamar la liberación incondicional de todos los presos políticos y de conciencia, dejando sin efecto las leyes que tipifican el carácter delictivo de los mismos. Quedarán sin efecto, ipso iure, todos los artículos del Código Penal vigente –y normativa complementaria- que tipifique este tipo de actuaciones delictivas.

1.- La amnistía debe ser muy amplia y completa. Es decir, para todos los presos políticos y de conciencia –incluyendo aquellos por figuras delictivas con trascendencia ideológica, racial, sexual, religiosa, económica o de cualquier otra índole vinculada a motivos políticos-, cualquiera que sea el delito.
2.- Con mayor motivo debe amnistiarse inmediatamente a todos los presos opositores al régimen, sin importar la causa por la que se les juzgó y la condena impuesta.

Nota comentada: La Ley de Amnistía para Todos los Presos Políticos y de Conciencia tiene que ser requisito sine qua non para que se garantice, constate, y acredite fehacientemente la voluntad de cambio político del régimen actual. No puede aceptarse ninguna agenda de negociación, de ninguna índole –ni nacional, ni foránea- que suplante, soslaye o desatienda éste derecho humanitario universal.

B) LEY DE LIBERTAD DE OPINIÓN, ASOCIACIÓN Y PRENSA.
Los derechos y libertades de todos los cubanos estarán siempre en sintonía con la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y por tal motivo, deben estar recogidos por una Ley orgánica de inmediata promulgación, y por la nueva Constitución cuando se tenga preparada. De tal modo, los derechos de esta Ley serán:

1.- A la vida y a la integridad física y moral.
2.- A la libertad ideológica, religiosa y de culto.
3.- A la libertad y seguridad públicas.
4.- Al honor, la intimidad, inviolabilidad de correspondencia y la propia imagen.
5.- A elegir libremente la residencia y la circulación en todo el territorio nacional.
6.- Libertad de expresar los pensamientos, ideas u opiniones por cualesquiera clase de medios de información públicos y/o privados.
7.- Libertad de reunión, asociación y de constitución de partidos políticos.
8.- Libertad en la elección de representantes.
9.- Tutela judicial efectiva.
10.- Derecho a la educación, vivienda digna, seguridad social y libertad de enseñanza.
11.- Derecho a la sindicación libre, y derecho de huelga.
12.- Derecho a la propiedad privada y su libertad para ejercerla, y a la libertad de empresa.
C) LEY DE CAMBIO POLÍTICO. REFERÉNDUM A LA NACIÓN.
1.- Derogación de la actual Constitución.
2.- Una Ley orgánica de carácter transitorio que garantice el respeto a los derechos humanos y las libertades públicas.
3.- La asunción de un gobierno provisional o transitorio que efectúe el cambio sin vacío de poder.
4.- Sometimiento a plebiscito.

Nota comentada: Como se puede apreciar, la opción que nosotros escogemos es precisamente la de no realizar ningún cambio de régimen desde la Constitución de 1976-1992 (reformada 2002), sino por el contrario, derogarla ipso iure mediante una Ley de Cambio Político que funcionará hasta la Asamblea Constituyente, como una Carta Magna en funciones. Esta Ley orgánica entendemos que debe quedar complementada con la Constitución de 1940, la cual, en puridad técnico-jurídica, es el único cuerpo constitucional que goza del prestigio, solvencia y seguridad de todos los sectores democráticos cubanos (en su redacción participaron legisladores del Partido Socialista Popular –Comunista-), y, según se interprete, podría acordarse su entrada en vigor sin más complejidad. Es precisamente la Constitución de 1940 la Ley de leyes que prometió, y nunca cumplió, restablecer la revolución castrista triunfante de 1959. Tanto la Ley de Cambio Político como la propia Constitución de 1940 se complementarán una a la otra intentando de éste modo dar cobertura a los diferentes escenarios de la vida ordinaria.

D) ASAMBLEA CONSTITUYENTE PARA DOTAR A CUBA DE UNA NUEVA CARTA MAGNA.

La Asamblea Constituyente que, después de cumplirse los tres epígrafes anteriores, deberá ser elegida por el pueblo democráticamente (convocatoria especial a ése efecto), tendrá la sola finalidad de debatir y aprobar la nueva Constitución que regirá el futuro de Cuba. Sus características principales son:

1.- Dicha Asamblea tendrá un período de vigencia de dos años. Una vez aprobada la nueva Constitución, se disolverá la Cámara, se someterá a Referéndum del pueblo cubano la nueva Carta Magna, y se elegirán nuevos parlamentarios.

2.- Dicha Asamblea Constituyente, como órgano legislativo, deberá aprobar las leyes que complementen la Constitución, tanto en material Penal, como Civil, Contencioso-Administrativo y Laboral, y demás materias que se incardinen dentro de ellas.
E) ELECCIONES LIBRES Y PLURIPARTIDISTAS PARA ELEGIR EL PARLAMENTO Y EL GOBIERNO.

Una vez aprobada la nueva Constitución y sometida a Referéndum, se convocarán elecciones libres conforme a:

1.- La Ley Electoral que fije las bases para concurrir en unas elecciones. Se sugiere el sistema o modelo francés: mayoría cualificada con segunda vuelta en caso de que se precise. Electores y elegibles, definición.

2.- Ley de Partidos Políticos. Inscripción y registro de los mismos. Deben tener Estatutos democráticos y acatar el ordenamiento jurídico existente: la Constitución de 1940 –en lo que sea aplicable, así como la Ley de Cambio Político-, y sus leyes incardinadas.

3.- Nueva distribución político-administrativa y régimen de administración municipal, provincial y nacional: Ayuntamientos (Alcaldes), Provincia (Gobernador o Presidente regional/provincial), y Presidente (sistema presidencialista) como jefe de Estado y Gobierno, o Presidente y Primer Ministro, (jefe de Gobierno, según el sistema que se escoja).

IV.- ESCENARIOS Y PERSPECTIVAS ANTE UNA TRANSICIÓN.-

Para facilitar la comprensión y comodidad de lectura de este último apartado, hemos preferido usar la antigua escuela griega de Sócrates, que basó su filosofía y su forma dialéctica de debate para la obtención de la verdad por medio del sistema de preguntas y respuestas. En este caso, nos conformamos con aproximarnos a la verdad (ni por asomo pretendemos tenerla, nos basta con acercarnos al máximo a ella), y por ende, a los escenarios y sus perspectivas; por ello, a modo estrictamente enunciativo, podríamos focalizarlas en las siguientes temáticas.

A) POLÍTICOS.-

1.- ¿Podría participar el Partido Comunista de Cuba (en lo adelante PCC) en un proceso de cambio político del sistema actual, e, inclusive, liderar una coalición de partidos de izquierdas en un proceso electoral democrático?

Nosotros pensamos que sí. El PCC, lo sabe-lo niega-no lo dice, pero debe dotarse de una “carta de naturaleza” completamente nueva –lo comparamos a un enfermo de cáncer de leucemia que requiere cambiarse todo el sistema sanguíneo para subsistir hasta que la médula espinal genere sangre limpia- que le haga respetable y, principalmente, respetuoso. El primer gran ejercicio de tolerancia, coexistencia y concordia que debe preconizarse para armar el andamiaje de una Cuba pluralista, democrática y justa, debe partir, precisamente, de ese Partido Comunista. Ellos tienen el poder, ellos son los que han ejercido la coerción-coacción desmesurada a lo largo de cinco décadas no admitiendo pluralidad política alguna que pudiese perjudicar su preeminencia jerárquica. En ese enorme ejercicio de patriotismo y entrega a una causa noble con todos y para todos los cubanos, es al que apelamos e instamos, despojado de toda venganza (y de complejo de culpa y de derrota, por empezar a cambiar en pro de una sociedad nueva), a debe reflejarse el PC de Cuba tal y como lo han hecho sus homónimos de la Europa Oriental post-soviética, y que, por antonomasia, calcaron de los países democráticos de la Unión Europea donde, precisamente, los partidos comunistas se han adaptado, adecuado y sintonizado con los criterios y normas fundamentales de los Estados de Derecho democráticos en los que conviven.

2.- ¿Cuáles serían las premisas para que un PCC reformado lidere por sí mismo a título individual su candidatura política, o, en la misma línea, coordine una coalición de partidos de izquierda en un proceso electoral democrático?

El PCC reformado –pongamos que vuelva a denominarse tal y como se llamaban antes de 1959 “Partido Socialista Popular”, nomenclatura más atractiva sociológicamente- deberá suscribir expresamente, tal y como hizo el Partido Comunista de España (PCE) durante la transición española, e incorporar estatutariamente los siguientes postulados, para hacerlo compatible y tolerable en un sistema democrático, para su asunción:

a) Renunciar a la Dictadura del Proletariado.

b) Renunciar a la preeminencia de un partido único en el poder (el suyo) o de cualesquiera otros que pretendan ad perpetuam dicho objetivo, sea en su provecho o en su perjuicio.

c) Aceptar la tripartición de poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), su independencia, sus decisiones autónomas, y su acceso libre y democrático a cada uno de ellos.

d) Aceptar y dar por válidos los cambios legislativos aprobados democráticamente, aunque ello vaya en detrimento de sus objetivos o los alarguen, posterguen o anulen.

e) Aceptar las decisiones soberanas sometidas a cualquiera de esos poderes y/o a la soberanía popular expresadas mediante referéndum.

Suplidas positivamente éstas anomalías heredadas del marximo-leninismo-stalinismo-maoísmo, el PCC reformado o PSP (o como quieran denominarse), no sólo estaría en plenas y totales condiciones de enarbolar con orgullo y solvencia el proceso de transición democrático –lo que se presupone en la premisa principal de esta tesis que estamos defendiendo-, sino también, de erigirse en fiel baluarte de un sistema que no tiene porqué ser necesariamente su enterrador, sino que, por el contrario, y en similitud con todos los demás partidos comunistas o de corte comunista (de “socialismo real”) de América Latina y Europa, les podría permitir liderar por sí mismo, o mediante coaliciones ideológicas afines, participar en procesos electorales democráticos donde acceder a una legítima personación parlamentaria, y, de ganar, la posibilidad de formar gobierno.

B) ECONÓMICOS.-

1.- ¿Es posible eliminar el embargo de EE.UU. a Cuba?

Sí, es posible. El embargo norteamericano a Cuba es una ley orgánica del Congreso de los Estados Unidos, no puede ser unilateralmente cambiado por los legisladores norteamericanos si no se cumplen una serie de premisas legales, necesarias y suficientes, desde Cuba para que quede sin efecto dicho embargo. Cuba sólo fue bloqueada por los EE.UU. en 1962 –impidiendo que barcos soviéticos entrasen a la Isla con armas- como consecuencia de la “Crisis de los Misiles”, que puso al mundo al borde de una guerra nuclear. Cuba no tiene bloqueo de ninguna clase por parte de los EE.UU., puede comprar y vender con cualquier país del mundo, incluyendo con los mismos EE.UU. siempre que sea en dos sectores humanitarios (sanidad y alimentación) y pagando en efectivo. Esta ley nace desde la administración de John F. Kennedy la cual la aprobó como respuesta económica (congelando fondos cubanos en EE.UU. y suprimiendo las relaciones comerciales-económicas-financieras con la Isla) al gobierno revolucionario castrista que nacionalizó, expropió y usurpó todas las propiedades norteamericanas en Cuba, sin justa y debida contraprestación indemnizatoria y compensatoria. Debe aclararse que el embargo hoy en el siglo XXI es estrictamente financiero, los EE.UU. son, sino el primero, al menos el más importante suministrador de Alimentos y Medicinas a Cuba, habiendo vendido en el año 2007 dichas mercancías a la Isla por importes superiores a los 200 millones de dólares (a precios subvencionados, no de mercado ordinario o común). Cuba tiene que pagarle en efectivo a los EE.UU. y no puede ni pedir préstamos a bancos norteamericanos.

Inmediatamente que se inicie un proceso de cambio político en Cuba hacia una democracia y se convoquen elecciones libres para dicha transición, el embargo queda técnicamente sin efecto. Cuba es socio comercial privilegiado de dos socios estratégicos de los EE.UU., concretamente Canadá y México (miembros ambos del NAFTA o Tratado de Libre Comercio EE.UU.-Canadá-México). EE.UU. no toma ninguna clase de represalia con los socios comerciales foráneos de Cuba, y, hasta el día de hoy, ninguna Administración norteamericana ha aplicado sanción alguna por ello. Se exceptúan aquéllas inversiones en propiedades norteamericanas expropiadas por el gobierno cubano que sean utilizadas por inversores extranjeros para traficar o comerciar con ellas. Igualmente, hasta la fecha actual esas posibles represalias han sido suspendidas o se han aplicado para casos muy específicos y siempre siguiendo un procedimiento judicial en la justicia ordinaria de los EE.UU. donde la parte afectada ha tenido todas las garantías procesales para hacer valer su derecho y ser oído y vencido en justo juicio, si procede. La medida ha sido más coactiva (amenzante) que coercitiva (represiva).

2.- ¿Es el embargo de EE.UU. la causa de la crisis económica imperante en Cuba?

Los problemas económicos de Cuba no tienen su causa en la existencia del embargo. Cuba puede negociar (comprar y vender) libremente con cualquier país del mundo, excepto con EE.UU., y, como ya se ha dicho, excluyendo dos sectores humanitarios. Todos los días entran a Cuba más de 90.000 barriles de petróleo procedentes de PDVSA-Venezuela. El problema económico cubano es estructural, consustancial al régimen socialista imperante en la Isla. Ningún país de la Europa Oriental del “socialismo real”, ni la propia ex Unión Soviética, tuvieron jamás embargo alguno, y, sin embargo, la paupérrima situación económica les siguió siempre. El socialismo no sabe administrar la riqueza, ni la prosperidad, ni el desarrollo económicos (dicen los expertos económicos que sólo administra la pobreza y la subsistencia económica de año en año). Cuba recibió casi diez veces más de la Unión Soviética de 1960 a 1990, que toda Europa junta del Plan Marshall de los EE.UU. Con un solo Plan Marshall, los EE.UU. ayudaron a salir de la miseria a una Europa destrozada por la II Guerra Mundial, y los europeos en 20 años acortaron las distancias con su patrocinador económico. Hoy día Europa y EE.UU. se miden de igual a igual en todos los sectores económicos. Cuba, que nunca ha tenido ninguna guerra internacional de ningún país en su propio territorio (en 1898 la batalla naval de los EE.UU. contra España fue en el mar, en la Bahía de Santiago de Cuba; la “guerra” de los Castro contra Batista se limitó a escaramuzas bélicas en las montañas de Sierra Maestra, al Oriente cubano, ninguna ciudad sufrió guerra alguna ni fue bombardeada, y el Ejército batistiano no plantó una guerra convencional en ningún momento; y en 1961, la invasión de Bahía de Cochinos no la hizo un Ejército extranjero, sino jóvenes cubanos exiliados con una media de 25 años, sin apenas preparación y soporte militares, y duró tres días). Las guerras, propiamente dichas, que ensangrentaron y llenaron de luto a las familias cubanas las hizo el régimen castrista repartiendo muerte por África y América Latina, sin que ello haya servido absolutamente para nada en Cuba. Los dirigentes socialistas de Latinoamérica –de los que tanto se vanaglorian y ufanan los comunistas cubanos-, a diferencia de ellos, han llegado al poder mediante el sufragio legítimo y democrático imperante en sus países (obviamente, hay que aclararlo, los sistemas democráticos en los que se han aupado al poder, no han sido impuestos por los comunistas, populistas, ni socialistas; se teme, precisamente, todo lo contrario, que una vez llegados al gobierno, subviertan las garantías, derechos y obligaciones, que tenían esos países anteriormente, en lugar de mejorarlos). Y en África se avanza, con mucha dificultad, hacia un modelo no militarista extranjero, y sí hacia un modelo propio de desarrollo y cooperación internacionales, no exento de los problemas intrínsecos de un continente sin ninguna clase de cultura democrática en el siglo XX.

3.- ¿Es verdad que en un cambio político los cubanos del exilio que perdieron sus casas y empresas se las van a arrebatar a los cubanos de la Isla?
Es totalmente falso. Es la teoría del régimen de que “viene el lobo” del exilio. Es la política del miedo y de la trinchera. De enemistar, separar y dividir, mediante el odio, a la nación cubana. Enfrentando a los cubanos entre sí, el régimen ha logrado imponer todas sus premisas –por la vía de hechos consumados que luego han cobrado cuerpo de ley-, y, la más importante, la de inocular en la cultura sociopolítica nacional el aceptar el mal necesario, el peor remedio; en fin de cuentas, igualar a tabla rasa a todos desde “abajo”, alimentando el desprecio, el odio y la envidia a los que una vez estuvieron “arriba”, como causantes y responsables de todos los males que aquejan al país. Los culpables del fracaso del socialismo en Cuba son, por este orden, el imperialismo yanqui, y el exilio cubano, según el discurso oficial. Lo peor de todo es que, el fracaso de la Europa socialista y de la Unión Soviética (y del socialismo marxista-leninista-maoísta mundial) no fue ni una cosa, ni la otra, fue la “cobardía” de los que se “desmerengaron” (como el merengue de una tarta, usando la misma jerga de la Isla) y renunciaron a sus sagrados principios.

Aclarado lo anterior. El exilio, mayoritariamente, no quiere que le devuelvan estrictamente sus mismas casas (más del 90% en estado ruinoso, y, absolutamente irreconocibles o definitivamente destruídas), quiere que –en algunos casos- y es perfectamente legítimo y comprensible, que le compensen legalmente por aquello que le robaron mediante “nacionalización”, figura jurídica sin contenido en ningún sistema democrático del mundo (si hubiese sido expropiación, el propio Código Civil español vigente en Cuba hasta 1987, contemplaba la figura de la compensación o pago de justiprecio económico y/o en especie). El latrocinio no puede ser consolidado jurídicamente en ningún proceso de transición (no ha pasado en ningún país de Europa del Este, por ejemplo) de una dictadura a una democracia. Para ello proponemos tres ideas, sin ánimo, repito, de agotar un tema que correspondería únicamente al legislador patrio cuando sea independiente:

a) El propietario nacionalizado de viviendas debe tener el derecho de adquisición preferente (prioritario al Estado o terceros), mediante la figura del tanteo y el retracto.

b) El propietario nacionalizado de viviendas, podrá escoger, si desea un pago en contraprestación a materializarse en especie, bien en suelo edificable, bien en viviendas terminadas, en base al valor de mercado de lo expropiado. Un organismo público creado ad hoc y ex profeso se ocupará de estos casos para los efectos pertinentes.

c) El ocupante de la vivienda tiene que ser igualmente protegido, en cuyo caso, podrá escoger aceptar el precio de mercado que le ofrezca por ese inmueble el primitivo propietario expropiado (el cual, si las partes lo deciden de este modo y a falta de consenso, deberá ser valorado por entidad tasadora independiente), o, en su caso, si lo prefiere, recibir otra vivienda en propiedad de nueva construcción en el ámbito urbanístico que se desarrolle a estos efectos. La vivienda la recibirá completamente gratis. El ocupante no puede ser coaccionado ni obligado a vender el inmueble que ocupa ni tampoco a abandonarlo, al menos, si no ha recibido una contraprestación que satisfaga su expectativa, o se cumpla el requisito compensatorio que marque la ley que así lo disponga. Antes de cualquier clase de transmisión o negocio jurídico traslativo de “la propiedad” inter vivos o mortis causa que pretenda hacer el ocupante legítimo de la vivienda, tendrá siempre derecho de adquisición preferente el propietario primigenio que fue nacionalizado.

d) En el caso de que la vivienda no esté ocupada por ninguna persona física (con la obvia presunción de “justo título” emanado de la Ley de Reforma Urbana o legislación similar, posesión pacífica e ininterrumpida y buena fe), sino por empresa, organismo o institución pública o privada, la vivienda deberá ser devuelta ipso facto al primitivo titular expropiado. Si, de modo doloso el Estado, institución pública o entidad participada por capital público, cambiase al ocupante de persona jurídica a persona física (para dotarse de las garantías recogidas en los incisos anteriores), quedará sin efecto ésta sustitución, y, en su caso, se aplicará el supuesto anterior al dolo desvelado.


e) Las empresas expropiadas deberán ser devueltas, ipso iure y con carácter inmediato, a los anteriores propietarios, sea cuales sean las condiciones, estado, ocupantes o titulares que tengan en el momento de la entrada en vigor de la ley que restituya la propiedad a sus legítimos propietarios primigenios (incluyendo en ésta fórmula a los herederos que acrediten debidamente ésta condición). La empresa restituida a sus legítimos propietarios goza del mismo derecho de adquisición preferente, sólo que en este caso se hará sin contraprestación crematística o económica al actual ocupante. En este caso se exigirá que el primitivo o primigenio titular ponga en marcha –en un plazo no mayor a un año- la actividad industrial, comercial o de naturaleza similar en dicho inmueble, negocio o ámbito de actividad. El Estado, sus instituciones u organismos públicos, facilitarán y priorizarán la puesta en funcionamiento de las empresas privadas.

4.- ¿Qué modelo jurídico compensatorio debe seguir Cuba para satisfacer estas pretensiones?

Nosotros proponemos un modelo autóctono, que tome lo mejor de la experiencia compensatoria de algunos países que han hecho cambios políticos de dictaduras a democracias. En los casos expuestos en los puntos anteriores, hemos escogido el sistema alemán (de la Alemania Occidental al subsumir a la Alemania Oriental), usando igualmente algunas tesis de juristas españoles y cubanos en los debates que hemos mantenido al respecto. Cuba, y sirva como ejemplo ilustrativo, tiene mucho suelo disponible y ése es un valor susceptible a servir como contraprestación suficiente para los derechos conculcados de aquellas propiedades inmobiliarias nacionalizadas, y, como se ha apreciado, también para los ocupantes de viviendas con el fin de que tampoco como terceros adquirentes o presuntos adjudicatarios de buena fe, en la mayoría de los casos, sufran un despojo injusto del único bien que les puede permitir tener capacidad financiera o de endeudamiento para hacer frente a una aventura personal o profesional, que les permita relanzarse a un futuro mucho mejor y próspero. Se trata de aplicar el principio jurídico de compensación, de equidistribución de los derechos para que ni los unos, ni los otros, vean vulnerados los mismos; precisamente, ésa es la razón de ser de una democracia.

V.- CONCLUSIONES.-

En resumen, y como corolario de que sí es posible una transición democrática en Cuba bajo el principio de “la ley a la ley”, y que, por “irrevocable” que se declare e intente a su vez blindarse un sistema político, ninguna norma podrá jamás, por muy dictada en Derecho que sea, conculcar el principio universal democrático de que la soberanía (el poder) radica y emana del pueblo. Esto es, el concurso libre y pleno de su voluntad es lo único que legitima al Estado que de ella salga. De él, y de nadie más que de él –garantizando todas las libertades de concurrencia, audiencia, contradicción, personación, impugnación, pluralismo, etc., para todos los cubanos sin exclusión-, pueden dimanar legítimamente todas las decisiones que en el orden legal deben ser asumidas. Por ello, declarar irrevocable el sistema socio-político socialista (comunista), o de cualquier otra ideología, para preponderar a una parte de un pueblo en exclusión de otra, no sólo es un absurdo legal, sino también un despropósito en todos los órdenes que ninguna norma constitucional del mundo puede amparar indefinidamente, y menos aún refrendar. De ello se desprende, pues, que una decisión de soberanía popular jamás será legítima, si en ella no son llamados activamente para ejercer su voluntad, todos los cubanos, como ya hemos apuntado, respetando –en ejercicio de dicha soberanía- todos y cada uno de los principios y garantías internacionales reconocidas por los organismos verificadores de la transparencia y seguridad de esa convocatoria.
Por consiguiente, cambiar íntegramente la Constitución “irrevocable” de 1976-1992 (reformada 2002) por otra Carta Magna, es perfectamente posible en Derecho. Hágase del modo que se haga, lo que sí es irrevocable es la soberanía popular como principio y baluarte estructural de cualquier sistema moderno de Estado, por mucho que se empeñen en conculcarla, manipularla o tutelarla al amparo hegemónico de una ideología política.

Y por último, al final de este trabajo nos hemos permitido incorporar diferentes tipos de esquemas legislativos para cada una de las materias que hemos expuesto anteriormente. Dichos esquemas o desarrollos normativos tienen las siguientes características: a) no implican usurpar, menoscabar ni tutelar ningún tipo de criterio legal que asuma, con rango independiente y soberano, el futuro Parlamento cubano; b) cumplen como único propósito el de servir como orientador o ilustrador de experiencias/conocimientos adquiridas/os por otros procesos de transición democrático; c) se incorporan en ellos la urdimbre histórico-político-social de la Historia de Cuba moderna, de modo que los mismos entronicen con nuestra identidad patria; y d) forman parte del resultado de un debate de ideas entre juristas cubanos del exilio y los del interior de la Isla, lo cual, unido al criterio de sapiencia foránea, forma un conjunto de conceptos y trámites bien consensuado en ese sentido; y, finalmente; e) no se agota, ni desarrolla ni explicita en detalles ninguno de estos principios, postulados o criterios, de modo que sea únicamente el legislador patrio en Cuba quien tome esa decisión, si de algo le es útil, o, por el contrario, no la tome en consideración. Hasta para eso nos gustaría que fuese libre.


*Ernesto Gutiérrez Tamargo (Holguín, Cuba, 1969).
Ldo. en Derecho (Universidad de La Habana, Cuba). Ldo. en Derecho (Ministerio de Educación y Ciencia España-Universidad Complutense). LL.M. Master en Derecho Comparado (Universidad Complutense de Madrid). M.B.A. Master in Bussiness Administration (Universidad de Alcalá, Madrid). Master en Direccion y Gestión Urbanístico-Inmobiliaria (Universidad San Pablo CEU, Madrid). Doctorado en Derecho (Universidad Pontificia Comillas-ICADE). Presidente de la Asociación Cubano-Española de Derecho (ACED), y Secretario General de la Federación Española de Asociaciones Cubanas (FECU). Es abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (68.263), donde ejerce su profesión. Ha sido abogado de varios despachos de Madrid como Uría & Menéndez, y colaborador del despacho de Miami, FL, Akerman Senterfitt, LLP. Es miembro del Cuban Legal Forum (Miami, FL, EE.UU.), del Cuban-American Bar Association (CABA, Miami, FL, EE.UU.), y colaborador del Colegio de Abogados de Cuba en el Exilio (Miami, FL, EE.UU.). Es co-autor del “Tratado de Derecho Administrativo Latinoamericano” (capítulo de “Cuba y su Derecho Administrativo”), editado por el Instituto de la Administración Pública, Madrid, 2006. Tiene varios trabajos y artículos publicados en revistas y medios de comunicación, tanto jurídicos como en general, de España. Fue nombrado Embajador de Buena Voluntad del Estado de Israel (Jerusalén, Israel, 2001).


 


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