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¿COHERENCIA O JUSTICIA?
18-07-2007, Juan Escandell Ramírez

La primera sesión del parlamento cubano de este año ha aprobado un dictamen que aboga por establecer un sistema jurídico penal “más coherente, acorde a las tendencias que reclama el desarrollo político-social del país”.

En opinión de los parlamentarios, “las sanciones penales deben ser menores, sin que ello signifique impunidad o tolerancia, ni dejar de condenar con severidad conductas criminales que, por su peligrosidad y daño social, así lo requieran”.

El problema del sistema jurídico penal de la Isla no radica en la falta de coherencia, sino en la falta de justicia. No tener que sancionar es cosa mejor que imponer penas menos severas.

Hace mas de 24 siglos Aristóteles dividía la justicia en:
• justicia conmutativa, que es la que rige entre las personas;
• justicia legal, la que le debe el ciudadano al Estado; y
• justicia distributiva, la que le debe el Estado al ciudadano.

Esta última es la que —desafortunadamente— no hace el gobierno cubano.

Es precisamente la “coherencia” uno de los principales males de la administración de justicia penal en Cuba, por cuanto ha quebrantado la “contradicción”, principio básico del juicio que constituye el único método fiable para dirimir adecuadamente el conflicto; y no puede existir contradicción sin una eficaz defensa, que sólo es posible cuando se dispone de una abogacía independiente y cuando el Estado reconoce a esta valores esenciales. Ambas brillan por su ausencia en la Isla.

Son los jueces y los fiscales cubanos los que tienen que dejar de ser “coherentes” con la política de represión y de desprecio por el derecho que las autoridades gubernamentales promueven.

En mi modesta opinión estas son las causas que hacen que jueces y fiscales abandonen la profesión, pero esta actitud ya de hecho consecuente no es suficiente; resulta necesario que los técnicos del derecho exijan la promulgación de leyes verdaderamente democráticas y que se exija también la derogación de aquellas que violan derechos y libertades ampliamente reconocidas.

Los problemas de la justicia penal en Cuba no se resuelven con la música de Silvio Rodríguez; tal consideración —como lo ha aprobado la Asamblea Nacional— evidencia un divorcio de la realidad y un desconocimiento supino de las condiciones en que vive la población penitenciaria.

La justicia penal tampoco se resolverá mejorando las condiciones de trabajo de jueces y fiscales, como ha orientado el señor Raúl Castro. La administración de justicia penal necesita de Tribunales independientes, del ejerció libre de la abogacía y del reconocimiento constitucional de la defensa del ciudadano.

Para hacer justicia, los Tribunales deben cesar de imponer sanciones de privación de libertad por el simple hecho de que algún ciudadano no profese las ideas del gobierno y porque no trabaje (porque el Estado es el único patrón y no da empleo a sus opositores), como lo han estado haciendo hasta ahora al amparo del instituto jurídico de la “peligrosidad predelictiva”.

Para hacer justicia, las fiscalías deben cesar de incoar expedientes —y los Tribunales cesar de imponer sanciones— a ciudadanos que reclaman el ejercicio de libertades y derechos universalmente reconocidos.

Para mejorar la calidad del juicio oral, los jueces deben respetar el principio básico de “igualdad de armas” para las partes en el litigio, y dejar de favorecer a la fiscalía, admitiendo sus pruebas y rechazando las de los abogados.

Para poner a tono con nuestro tiempo el sistema jurídico penal, los especialistas del derecho penal debieran abogar por que se despenalicen conductas supuestamente delictivas que sólo coartan derechos y libertades, entre ellas —por ejemplo— el desacato, la Ley 88, la propaganda enemiga y otras figuras más; estableciendo que los funcionarios que se consideren difamados o injuriados se querellen al igual que los ciudadanos de a pie, pero no continuar sancionando a aquellos que censuran y critican las funciones públicas, porque censurar y criticar la gestión gubernamental no es delito —ni tan siquiera de índole política—, excepto en los países en que se ha fusilado al ciudadano.

Para hacer justicia y elevar el nivel de calidad del juicio oral, el principio de publicidad debe ser respetado, por cuanto es una garantía procesal, una condición de legitimidad de las actuaciones públicas, y los jueces cubanos no pueden seguir permitiendo los juicios secretos, porque ello constituye un delito de prevaricación, al dictar resolución injusta como consecuencia del irrespeto de garantías esenciales.

Para lograr una justicia a tiempo, es necesario cumplir con los términos procesales. (En el caso de acusados opositores al régimen, estos términos son un viaje por las antípodas. Sirvan de ejemplo los casos del abogado René Gómez Manzano, en prisión provisional sin cargos formales por más de 18 meses —afortunadamente hoy en libertad—, o el de otro colega, Rolando Jiménez Pozada, detenido en la primavera del 2003 y sancionado —secretamente y sin su presencia— en diciembre de 2006 a doce años de privación de libertad.

El otro extremo lo constituyen los 75 cubanos que en la primavera del 2003 fueron condenados a largas penas en pocas semanas sin que existieran circunstancias excepcionales —como así lo exige la Ley— para someterlos a proceso sumario (excepto que, para esa fecha, el gobierno de Estados Unidos invadía Irak y los medios de prensa mundiales se centraban en esta noticia).

En estricto derecho, considero que los máximos responsables de las arbitrariedades durante los procesos sumarios del 2003 son Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo, y el fiscal general Juan Escalona Reguera (pues el primero debe haber accedido a las sugerencias del segundo para poder actuar conforme al articulo 479 de la Ley de Procedimiento Penal, que es el que regula el mencionado procedimiento).

En mi opinión, para mejorar el sistema jurídico penal, los jueces, fiscales y abogados debieran de promover una ley de ejecución de sanciones, que estableciera que sean los Tribunales los que decidieran el lugar de cumplimiento de la sanción; de esa manera ni la policía política ni otros órganos del Ministerio del Interior podrían chantajear a los sancionados enviándolos a centenares de kilómetros de su residencia habitual, infligiendo penas adicionales a los propios sancionados y a sus familiares.

Por otra parte, estimo también que los profesores de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal debieran a esta altura mostrar su inconformidad, y no continuar explicando ante sus alumnos preceptos que son atropellados sin miramiento alguno, manteniendo silencio y rehuyendo toda crítica.

Estoy de acuerdo en llevar la cultura a los que administran justicia; por lo que sería pertinente que los jueces y fiscales leyeran algunos títulos como La Prisión Fecunda, de Mario Mencía, publicado por el actual gobierno cubano; en este libro podrán comprobar cómo el líder de un asalto que causó decenas de muerte comía espaguetis con calamares, bombones italianos, se tomaba un buchito de café y fumaba tabacos H-Upman, publicaba en la revista Bohemia sus opiniones, recibía visitas no sólo de sus familiares, mantenía limpio el suelo de granito de su celda con jabón, creolina y detergente Lavasol —de modo que podía dar envidia a cualquier habitación del Hotel Nacional—, leía cuantos libros solicitaba —entre ellos de Marx, Engels y Lenin— y era escuchado por el teniente Montesinos cuando no recibía los libros, los que solicitaba expresando que “cuando se estudian cuestiones económicas, sociales o filosóficas, es preciso contar con libros de los mas variados criterios y autores, analizar, comparar, etc. En materia de religión, como de doctrina política social, no se concibe el estudio sin la libertad de leer.”

De las hormigas de la celda del Comandante durante sus 21 meses y 15 días que duró su prisión por la muerte de decenas de personas no les hablare, porque aquellas hormigas comían de todo: pan, queso, aceite —aunque curiosamente no ingerían leche condensada—, y las hormigas de hoy no conocen estos productos; por eso huelga cualquier comentario.

Después de que lean el mencionado libro le sugiero cierren los ojos y traten de trasladarse a Kilo 7, el Combinado del Este, Agüica, Mar Verde, Aguadores, Taco-Taco, Boniato y otras prisiones más, y traten de recordar —entre muchos otros prisioneros de conciencia— al doctor Oscar Elías Biscet, a los periodistas independientes Normando Hernández González , Ricardo González Alfonso, Adolfo Fernández Saínz, Juan Carlos Herrera Acosta y a tantos otros que sufren prisión desde hace más de 48 meses, más del doble que los moncadistas, con la diferencia que no han ocasionado muerte alguna, ni daño social, y comparen las condiciones en que cumplen —su aislamiento, su alimentación, su régimen de visitas, los libro que pueden leer, el aseo de sus celdas, si pueden publicar artículos en la prensa nacional, si se le respeta en su integridad física y moral—, comprueben que no sólo están injustamente sancionados sino desterrados —también injustamente— a centenares de kilómetros de sus residencias habituales; si llegan a conocer de verdad esta situación, se sentirán indignados y abochornados.

Beneficioso sería igualmente leer el discurso de investidura de Ignacio Agramonte y Loynaz, del cual, por razón de espacio, no hago comentario alguno.

Pero muy especialmente recomiendo la obra de un ilustre jurista cubano, Mariano de Aramburu, que tiene mucho que ver con el tema que abordamos; aquí transcribo un párrafo de uno de sus libros: “… Allí donde el sentimiento del derecho decrece y mengua y se extingue, no habrá ni orden ni progreso, porque faltará la justicia, madre de todas las virtudes cívicas. La ley será cuerpo sin alma, forma sin sustancia, letra sin espíritu: el poder, oligarquía despótica, feudo de la audacia y órgano de toda concupiscencia; los tribunales siervos sumisos de los antojos, osadías y venalidades del gobierno; los ciudadanos, connaturalizados con la injusticia, tascarán sin rabia, mansos y cobardes, el freno que les aherroja. Para sentir el derecho, no son necesarios ni los secretos de su ciencia ni el conocimiento de las leyes, no es necesario cursar la carrera ni dedicarse al estudio de los Códigos; el derecho es un sentimiento humano que florece en todos los seres de nuestra especie como se producen los demás sentimientos que nos caracterizan y diferencian en el concierto universal de todas las criaturas.”

Cuba, su pueblo, en cuyo nombre se imparte justicia, espera sin demora, como primer acto de justicia, la libertad de todos los prisioneros de conciencia sin condición alguna.

Estoy convencido que estas notas no son lo suficiente para hacer más justo el sistema jurídico penal cubano, pero tienen más acordes que la desafinada “nota” del cantautor Silvio Rodríguez.


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