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Hace falta una carga
24-06-2007, Fornaris, José Antonio

Agencia Cuba-Verdad*/ Odalina Guerrero Lara, abogada de 40 años, madre de dos hijos, reside en Alquilar, municipio de la provincia La Habana. En Alquízar nació el poeta Rubén Martínez Villena.

Odalina asegura: "He sido maltratada, difamada, y se han violado los derechos que, como ciudadana, me garantizan la Constitución de la República y el Código Civil".

Odalina trabajaba en el departamento jurídico de la Dirección Municipal de la Vivienda de Alquízar, de donde fue expulsada. La abogada dijo que sus problemas comenzaron cuando el director de la entidad, Rafael David Leiva, mandó a cambiar los datos recogidos en las planillas de los damnificados del último ciclón que afectó al municipio, con el propósito de justificar el desvío de recursos con fines personales, a lo cual la doctora Guerrero se negó.

El asunto se complicó cuando le ordenaron confiscar las viviendas construidas en el territorio sin la debida autorización, o que los dueños no pudieran presentar la constancia de que los materiales se habían adquirido de forma legal.

"Expresé al jefe de mi departamento y al director que no existía base legal para hacer eso. Poco tiempo después vino a verme un funcionario y me dijo que confiscara las casas de los que no eran revolucionarios y las entregara a los que sí lo eran. Aquello también era ilegal, y no lo hice".

Un inspector de la Dirección Provincial de la vivienda, con el propósito de ejercer presión, registró la casa de Odalina cuando la madre se encontraba sola en el inmueble.

"Como no encontraron nada que me pudiera inculpar, el inspector me dijo más tarde que había estado mirando la situación de mi casa y que aquello estaba en muy mal estado, y le había sugerido al director que me entregaran los materiales necesarios para reparar mi casa, que no tiene ni taza de baño" -expresó Odalina.

Pasado el tiempo necesario para la entrega de los materiales, ella y su esposo, que también era su compañero de trabajo, le reclamaron al director la autorización para comprar los materiales, pero el se negó rotundamente. "Nos dijo que no teníamos ningún derecho, y acto seguido nos acusó ante la policía de que lo habíamos amenazado con agredirlo".

La acusación no prosperó porque el investigador policial encargado del caso concluyó que la situación entre el director y la abogada no era asunto para ventilarse a esa instancia. "Nos dijo que en el caso había mucho más de lo que se había planteado, y que buscáramos la manera de resolver el problema en otra parte".

La abogada solicitó una entrevista con el presidente del gobierno municipal, y el funcionario, en cuanto la vio, comenzó a gritar palabrotas, acusándola a ella y su esposo de chantajear a Rafael David Leiva.

"La entrevista concluyó con el compromiso del presidente de averiguar lo sucedido. Me recomendó que esperara en mi casa. Pasaron dos meses, y lo que llegó a mi casa fue la notificación de mi expulsión del trabajo por ausencias injustificadas".

Guerrero Lara presentó su caso por escrito al departamento de recursos y revisión del Departamento Jurídico del Consejo de Estado. La respuesta le llegó del Departamento de Atención a la Población, donde la manifestaban que su caso estaba en manos de las instancias municipales correspondientes, es decir, ante los que ella señala como responsables de sus problemas.

En la última comunicación recibida por la doctora Guerrero, se le anuncia que va a ser desalojada de la casa que ocupa, ya que la vivienda está vinculada a la Dirección Municipal de la Vivienda, y como no trabaja en ese lugar, no tiene derecho sobre el inmueble.

"Vine a trabajar a Alquízar porque no tenía casa. Y ahora no tengo a dónde ir con mi familia".

En la tierra de Rubén Martínez Villena hace falta una carga para matar bribones -como escribió el poeta hace ya muchos años.

*Diseminado por Cubanet


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