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Laberinto financiero (II)
28-04-2007, Juan Carlos Linares Balmaseda

Segunda parte de un laberinto financiero: Instrucción 40

Los lineamentos político-económicos de nuestro gobierno son de tipo mafioso. Lo pude comprobar una vez más con la reciente experiencia personal después que el Ministerio del Interior me aplicara una medida restrictiva por intermedio del Banco Central de Cuba, en específico, por medio de la Financiera Fincimex S.A.

A principio de este año me entero que el nombre mío, y el de otros colegas reporteros independientes, aparecía en una lista entregada a agencias financieras en el exterior del país. Se impedía con ello el envío de remesa hacia nosotros. Me di a la tarea de indagar, en Transcard (la agencia cubano-canadiense que me entregaba las remesas), en Fincimex (la Financiera Sociedad Anónima a la cuál pertenece Transcard) y en el Banco Central de Cuba (la supuesta autoridad bancaria a la cual pertenece Fincimex). Así fue que penetré en un oscuro y turbio laberinto bancario, pertenencia del Estado Cubano.

En la última contesta oficial de las dos que he recibido –una del Banco Central de Cuba y otra contesta de Fincimex–, la Financiera Fincimex me respondió que la suspensión temporal está motivada por la duda de los fondos que se me remesaban.

La funcionaria que firma la misiva, licenciada Cecilia Pérez Delgado, alega en el papel que la medida se sustenta de acuerdo a la práctica internacional; las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF por sus siglas en inglés); las Resoluciones y Convenciones de la ONU contra el Financiamiento al Terrorismo, el Lavado de Dinero y la Corrupción; y sobre lo dispuesto en las leyes cubanas y las normas del sistema bancario nacional.

Me cuesta comprender que exista un acápite emitido por un organismo financiero internacional para limitar una exigua ayuda económica enviada a un reportero que escribe sobre la realidad de su país. ¿Es el Periodismo terrorismo, lavado de dinero o corrupción?

Pero mirémoslo desde el enfoque de las leyes y normas nacionales, y con un tratamiento de igualdad ante la Ley. Si yo no puedo recibir remesas porque el supuesto fin de mi labor periodística es ilegal, entonces ningún cubano podría recibirla tampoco, pues pregunto: ¿Cual cubano es ese que con el dinero remesado que recibe de un familiar o un amigo, no lo emplea ilegítimamente en comprar en el mercado negro algún producto de primera necesidad, de aseo o de lujo? Por otra parte, si el gobierno de Cuba recibe donaciones de innumerables gobiernos y organizaciones no gubernamentales, ¿por qué yo no puedo aceptar donaciones en igualdad de condición?

Un simple juicio denota el menoscabo de derechos económicos en Cuba: Los nacionales cubanos pueden recibir remesas de toda parte del mundo mediante las instituciones financieras estatales y no pueden hacer transferencia en sentido contrario, hacia el exterior.

Con anterioridad yo había hecho una reclamación al licenciado Humberto Guerra Pérez-Cuba, jurídico del Banco Central de Cuba, y la respuesta me llega de Nelson Martínez Díaz, director de la Vicepresidencia de Análisis y Objetivos Estratégicos del Banco Central de Cuba. En dicha contesta responsabiliza a Financiera Fincimex de la suspensión mía, y días antes Fincimex había responsabilizado verbalmente al Banco Central de Cuba.

Ahora acudo a Fincimex. Allí me entrevisto con el asesor legal, el licenciado Jorge Oliver Landa. Este señor licenciado, fundamentó la inexistencia de representantes de la agencia Transcard, y de otras agencias de capital mixto, en territorio cubano. Según entendí las agencias Caribbean Transfers y Delivery Card, de cuales soy cliente, son fantasmas financieras aquí.

Agrega este asesor legal, que Fincimex es autónoma del Banco Central de Cuba. Que Fincimex no tienen contacto con los extranjeros con quienes hace sociedades anónimas. Que la Cámara del Comercio de Cuba es quien avala las solicitudes de las sociedades anónimas, previo autorizo de una licencia concedida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América en caso que el asociado radique en ese territorio. Que el derecho a reclamación solo lo tienen los depositarios en el exterior. Que mi reclamación es absurda. Y que desconoce de donde pueda venir esa medida en mi contra.

En fin, que piso una zona prohibida para un ciudadano cubano y una meca para el terrorismo, el lavado de dinero y la corrupción internacional. Hubo un instante de tanta confusión en mi razonamiento, mientras lo escuchaba, que juro no dar crédito alguno a favor o en contra de los comentarios callejeros de que el archiconocido Posada Carriles sea nómina de un Órgano de la Inteligencia Cubana o de que Fidel Castro está en contubernios con el gobierno del “enemigo” vecino norteño.

Los funcionarios mencionados –relacionados con esta medida represiva ordenada por la Seguridad del Estado contra mi persona y demás colegas– no son los máximos culpables, aunque sí tienen una cuota de responsabilidad, que de hecho asumen ya sea por miedo o por comprometimiento laboral. Eso deben admitirlo.

Sobre la licenciada que dirige el departamento de Remesas en Fincimex noté una fuerte presión de instancias superiores. Siento compasión por ellos, sin embargo, los que tomamos la decisión de enfrentar al régimen cubano, aquí dentro, recibimos muchas más presiones. La Seguridad del Estado, además de imposibilitar que nos llegue el dinero por las vías legales, intercepta los envíos que vienen por las llamadas mulas, incautando la ayuda económica dirigida a nosotros.

Continuaré mi bregar en defensa de mis derechos. Interpondré una acusación contra Fincimex. Exigiré una compensación por daños y perjuicios causados en el plano personal y el familiar, a consecuencia de la medida restrictiva denominada Instrucción 40 del Banco Nacional de Cuba. Comenzaré a contar del mes de noviembre de 2006 cual fecha de inicio de la aplicación. Y exhorto a mis colegas, víctimas de esta instrucción, a clamar por el mismo derecho.

*Diseminado por Payo Libre


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