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Cuba y su Realidad Social 23-05-2017

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COMO SE DESTRUYÓ LA DEMOCRACIA EN CHILE
15-04-2007, José PIÑERA

Nota. Este ensayo histórico está publicado en el libro "UNA CASA DIVIDIDA. Cómo la violencia política destruyó la democracia en Chile", junto con los documentos históricos que lo sustentan. Interesados en adquirirlo, contactar a "pandrade@chile.com".


El miércoles 22 de agosto de 1973 el pleno de la Cámara de Diputados fue citado a las 12 horas para "analizar la situación política y legal que afecta al país". Al iniciarse la sesión, los Comités de Diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y del Partido Nacional (PN) presentaron un proyecto de Acuerdo que cambiaría el curso de la historia de Chile.

El primer orador fue el diputado del PDC Claudio Orrego, quien, en su discurso de presentación del proyecto de Acuerdo, afirmó que "el país está sufriendo actualmente una crisis que no tiene parangón en nuestra historia patria, a lo largo de ciento sesenta y tantos años de vida independiente... Hasta este momento la crisis no se resuelve; al contrario, se agudiza día a día. Por eso, nosotros, hoy día, en esta Corporación y ante la faz de Chile, queremos decir que ha llegado la hora, que ha llegado el momento de que digamos una vez más nuestra verdad responsablemente ante el país y ante la historia, porque el Congreso no puede seguir silenciando la grave situación porque atraviesa Chile y tiene que hacer un enjuiciamiento global de ella, porque la situación de ilegalidad pasa por atropellos reiterados a las resoluciones del Congreso Nacional, por atropellos reiterados a las atribuciones del Poder Judicial, por atropellos reiterados a las facultades de la Contraloría General de la República, por atropellos reiterados a los derechos de los ciudadanos, a los medios de comunicación de los chilenos y hasta, en algunos casos, a la libertad de las personas... En ese cuadro, señor Presidente, no caben soluciones de parche. Dentro de este cuadro, cuando un país se desmorona, no caben pequeñas maniobras de política superestructural. Aquí hay que resolver los problemas de fondo" (Claudio Orrego V., Para una paz estable entre los chilenos, edición privada del autor, 1974).

El diputado Orrego afirmó también que el Presidente Salvador Allende no estaba respetando el Estatuto de Garantías Democráticas que había hecho posible su elección. Este listado de derechos individuales había sido incorporado a la Constitución en 1970 como condición para que la Democracia Cristiana lo eligiera con sus votos como presidente, pues el candidato socialista sólo había obtenido el 36.2% del voto popular y, por lo tanto, el Congreso podía elegir a la primera magistratura a cualesquiera de las dos primeras mayorías relativas. Más tarde, Allende reconocería que él firmó este Estatuto sólo como una maniobra "táctica" (Regis Debray, The Chilean Revolution: Conversations with Allende, 1971).

Tras intervenir otro representante del PDC, tomó la palabra el diputado del PN Hermógenes Pérez de Arce, quien afirmó que el Acuerdo demostraba que "el Poder Ejecutivo había dejado de encuadrarse en la Constitución y la Ley, lo que ha dado lugar a la ilegitimidad del mandato y ejercicio del Presidente de la República".

Después de otros dos diputados nacionales, intervino el diputado Luis Maira de la coalición de partidos de gobierno llamada Unidad Popular. No negó las graves acusaciones que hacía el proyecto de Acuerdo e intentó justificar la conducta del gobierno sosteniendo "que el problema de fondo no es otro que el Estado de Derecho y su justa correlación con las transformaciones económicas indispensables".

La sesión de la mañana finalizó con un fogoso discurso del diputado Juan Luis Ossa, presidente de la juventud del PN. En los alrededores del edificio del Congreso habían ocurrido el día anterior graves incidentes. El diputado Ossa, atacado por grupos armados, se había visto obligado a hacer uso de un arma de fuego, afirmando a la prensa que se le disparaba incluso con armas automáticas. La policía no había actuado en defensa de los jóvenes de su partido. Exasperado por este incidente, increpó a los diputados comunistas: "Por eso ustedes, bandas de traidores, bandas de cobardes, bandas de vendidos, bandas de mentirosos hipócritas, están descalificados para hablar de la guerra civil". Ese era el clima que se vivía en Chile ese día de agosto.

A las 14 horas y 13 minutos se interrumpió el debate. En el mundo hispano, ni siquiera asuntos tan graves ameritan desconocer la hora del almuerzo.

La sesión de la tarde, convocada para votar el proyecto de Acuerdo, comenzó a las 20 horas. Pero hubo una sorpresa. Tras un breve debate, la Cámara se constituyó en sesión secreta a instancias de Jorge Insunza y el público en las tribunas tuvo que abandonar el recinto. En ella, el diputado comunista pronunció un discurso amenazante sosteniendo que, si se aprobaba el proyecto de Acuerdo, fuerzas extranjeras invadirían de inmediato el país.

Reanudada la sesión pública, se procedió de inmediato a votar. Una vez hecho el recuento, el Presidente de la Cámara de Diputados levantó la voz y declaró aprobado por 81 votos contra 47 el Acuerdo sometido a votación. A las 21 horas 49 minutos se levantó la sesión.

Al día siguiente, 23 de agosto, El Mercurio tituló así a todo lo ancho de la página: "Declaró Acuerdo de la Cámara de Diputados: EL GOBIERNO HA QUEBRANTADO GRAVEMENTE LA CONSTITUCIÓN".

El texto del Acuerdo fue publicado íntegramente ese día por El Mercurio. El Acta oficial de la sesión, que fue presidida por el diputado del PDC Luis Pareto y el del PN Gustavo Lorca, presidente y vicepresidente de la Cámara respectivamente, fue publicada el 25 de agosto en el diario gubernamental La Nación.

El Acuerdo, aprobado por casi dos tercios de los diputados (63.3%), acusaba al gobierno del Presidente Allende de veinte violaciones concretas a la Constitución y las leyes, entre las cuales destacaban amparar grupos armados, torturar, detener personas ilegalmente, amordazar la prensa, manipular la educación, limitar la posibilidad de salir del país, confiscar la propiedad privada, formar organismos sediciosos, violar las atribuciones del Poder judicial, el Congreso y la Contraloría, y todo ello de manera sistemática y con el fin de instaurar en Chile "un sistema totalitario", es decir, una dictadura comunista.

Fue un hecho extraordinario que el Acuerdo de la Cámara haya sido aprobado por todos los diputados del PDC, el partido mayoritario cuyo líder indiscutido era el Presidente del Senado y ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva, pues sólo tres años antes, el 24 de octubre de 1970, ese mismo partido había contribuido con todos sus votos a elegir Presidente a Salvador Allende en el Congreso Pleno.

Para John Locke, el gran pensador político inglés, la tiranía es "el ejercicio del poder más allá de la ley". Cuando surge ese tirano, es él quien ha colocado al país en estado de guerra al traspasar los límites de su poder, es decir, se ha "rebelado" ("re-bellare", proviene del latín "bellum" que significa guerra).

La esencia del Acuerdo de la Cámara de Diputados entonces es la acusación que se le hace al Presidente Allende de que, pese a que fue elegido democráticamente, se había rebelado contra la Constitución y, por lo tanto, convertido en un "tirano".


Veinte violaciones y un llamado desesperado

El Acuerdo de la Cámara de Diputados constituye un verdadero "Acuerdo contra la Tiranía". Tiene 15 artículos y se puede descomponer conceptualmente de la siguiente manera:

a) Un preámbulo contenido en los artículos 1 a 4, que enuncia las conocidas condiciones esenciales que deben darse para que exista un Estado de Derecho. Contiene una advertencia cargada de significado ("un gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha otorgado incurre en sedición"), y recuerda que el Presidente Allende no fue elegido por una mayoría del voto popular sino por el Congreso Pleno, "previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas incorporado a la Constitución Política".

b) Veinte acusaciones de violaciones a la Constitución y las leyes: una acusación genérica contenida en los artículos 5 y 6, diez sobre violaciones concretas a determinados derechos humanos que están enumeradas dentro del artículo 10, siete sobre violaciones a la separación de poderes en los artículos 7, 8 y 9, y finalmente dos sobre acciones de carácter sedicioso en los artículos 11 y 12. Este listado tiene una estructura similar a la cadena de acusaciones contra el rey Jorge III que hace la Declaración de Independencia de Estados Unidos para justificar ante el mundo esa ruptura.

c) Una precisión sobre el rol de los ministros militares que el Presidente Allende había incluido en carteras claves de su gabinete (Art. 13 y 14). Hay que aclarar que el mismo Presidente Allende había abierto las puertas de la política a los militares al designar, un año antes, a varios generales y almirantes en ministerios claves. Durante algunos meses incluso designó en el cargo político de mayor gravitación y controversia, el Ministerio del Interior, al Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats. En agosto de 1973, un almirante era Ministro de Hacienda, el cargo clave en la conducción económica del país.

d) Un llamado al Presidente de la República y a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas (Art.15) a poner "inmediato término" a estas graves violaciones a la Constitución.

El 23 de agosto un mensajero de la Cámara entregó en el palacio presidencial de La Moneda un sobre dirigido al Primer Mandatario con el texto del Acuerdo aprobado la noche anterior.

El jueves 24, el Presidente Allende daba a conocer una carta pública dirigida al país. En ella sostenía: "En el día de anteayer, los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Ejecutivo... Pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad y dirección política del Presidente de la República es promover el golpe de Estado".

Allende acusó a la mayoría de los diputados de querer removerlo del cargo sin una acusación constitucional formal, en lo cual tenía razón. Por eso la Cámara realiza un "llamado" a la intervención de los ministros militares, y obviamente a través de ellos a las Fuerzas Armadas, pues el camino estrictamente jurídico para remover al Presidente era imposible.

En efecto, la remoción del Presidente, conforme al artículo 42 de la Constitución promulgada en 1925, exigía para ello dos tercios de los senadores en ejercicio. Como el Senado se renovaba parcialmente, era virtualmente imposible que un Presidente, por impopular que fuera, perdiera de tal manera las elecciones parlamentarias durante su período como para quedar sin el apoyo de al menos un tercio de los senadores. De hecho, la oposición al Presidente Allende ganó por mayoría absoluta las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, logrando casi dos tercios de la Cámara de Diputados, pero no igual mayoría en el Senado. En síntesis, la Constitución de 1925 permitía que un gobierno la violara, incluso "sistemáticamente" como sostuvieron una amplia mayoría de los diputados, mientras ese gobierno mantuviera a su lado a un tercio de los senadores.

Es reveladora la confusión sobre lo que significa el Estado de Derecho que trasunta la respuesta de Allende, ya que declara que insistirá en su camino ilegal pues "tras la expresión 'Estado de Derecho' se esconde una situación que presupone una injusticia económica y social entre chilenos que nuestro pueblo ha rechazado. Pretenden ignorar que el Estado de Derecho sólo se realiza plenamente en la medida que se superen las desigualdades de una sociedad capitalista".

Esta declaración es consistente con aquella que había hecho su Ministro de Justicia el 1 de julio de 1972: "La revolución se mantendrá dentro del derecho mientras el derecho no pretenda frenar la revolución".

El origen del texto del Acuerdo ha sido explicado por Claudio Orrego, de esta manera: "El Presidente de la Democracia Cristiana, senador Patricio Aylwin, me encomendó la tarea de preparar el proyecto de acuerdo. Me solicitó que hablara con el senador Juan Hamilton... quien me informó que los parlamentarios del Partido Nacional tenían un borrador de declaración que podía ahorrarnos mucho trabajo. Tomé contacto, entonces, con el senador Sergio Diez y con el diputado Mario Arnello, quienes me facilitaron una copia de su trabajo. Después de analizar dicho documento, me pareció que contenía mucho material y que estaba muy bien hecho... Una vez terminado el trabajo –del cual guardo el original— transmití al senador Aylwin éste para que lo aprobara la Directiva del PDC. Este procedió a redactar nuevamente las conclusiones, en la forma en que fueron definitivamente aprobadas por la Cámara. El mismo día 22 de agosto, en la mañana, revisamos el texto definitivo con Patricio Aylwin y me dirigí al Congreso a presentarlo... Esa es la relación verdadera del Acuerdo de la Cámara de Diputados. La historia juzgará de su importancia y su oportunidad" (Carta a La Segunda, 26 de marzo de 1980).

Según Hermógenes Pérez de Arce, el primer borrador del Acuerdo lo redactó el jurista Enrique Ortúzar y lo revisó el senador del PN Francisco Bulnes, y que él mismo participó en una reunión para este efecto. Ello es coherente con la versión de Orrego, quien señala que la redacción final del texto se basó en un "muy bien hecho" trabajo que le entregaron parlamentarios del PN. Todo indica entonces que se trata del mismo texto, el cual fue siendo enriquecido por distintas personas del PN y el PDC en la búsqueda de una redacción que satisficiera a todos y así asegurara la votación unánime de los diputados de ambos partidos.


La opción por la violencia política

¿Cómo se explica que un Presidente que llegó al poder a través de una elección democrática ejercite después su poder en contra de la misma Constitución y las mismas leyes que le permitieron alcanzar el más alto cargo político de la República? ¿Por qué un gobierno elegido democráticamente consideró necesario incurrir en veinte violaciones de la Constitución?

La respuesta está en que una revolución comunista-socialista, que busca establecer lo que su misma doctrina ha denominado "la dictadura del proletariado", por definición no se puede hacer dentro de la Constitución y de la ley de una república democrática.

Una cosa es para un dirigente marxista transformarse en presidente democrático de un país obteniendo el 36,2% de la votación, contando con la aceptación de un Congreso cuando a éste le corresponde la elección final, y otra muy distinta es adquirir la suma del poder necesaria para abolir la democracia y establecer un sistema totalitario. Para ello se requería una mayoría abrumadora como para realizar las modificaciones respectivas de la Carta Fundamental. Ello no ha ocurrido en la historia de la humanidad, pues todos esos regímenes han alcanzado el poder total a través de la violencia.

Es un error atribuir la ruptura chilena a una tendencia más impaciente que otras al interior de uno de los partidos de izquierda marxista, o a una reunión sediciosa de diputados con marineros en un barco de la Armada, o incluso a un discurso delirante en un estadio llamando a la "insurrección de las masas". Estos hechos, que sí ocurrieron, pueden ser detonantes, pero la causa profunda fue una ideología y una praxis, tan sistemática como implacable, que concebía a la violencia como "la partera de la historia".

Son claves para comprender el origen de la ruptura democrática los dos acuerdos oficiales del Partido Socialista de Chile adoptados, por unanimidad, en sus Congresos anuales de 1965 y 1967.

Ya en su Congreso de Linares (julio, 1965), el Partido Socialista de Chile, que se definía como marxista-leninista, había sostenido lo siguiente: "Nuestra estrategia descarta de hecho la vía electoral como método para alcanzar nuestro objetivo de toma del poder... El partido tiene un objetivo: para alcanzarlo deberá usar los métodos y los medios que la lucha revolucionaria haga necesarios".

Pero fue en su Congreso de Chillán cuando la postura sediciosa alcanzó su máxima expresión. Este tuvo lugar entre el 24 y el 26 de noviembre de 1967 y asistieron 115 delegados, y hubo además "delegados fraternales" de los gobiernos comunistas de la URSS, Alemania Oriental, Rumania y Yugoslavia, del partido Baath socialista de Siria y del partido socialista de Uruguay.

La resolución adoptada afirmaba que "la violencia revolucionaria es inevitable y legítima... Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico, y su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato democrático-militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista... Las formas pacíficas o legales de lucha no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada. La política del frente de trabajadores se prolonga y se encuentra contenida en la política de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), la que refleja la nueva dimensión continental y armada que ha adquirido el proceso revolucionario latinoamericano" (Julio César Jobet, La Historia del Partido Socialista de Chile, 1997).

El ideólogo del Partido Socialista, y futuro Ministro de Relaciones Exteriores del Presidente Allende, Clodomiro Almeyda, especuló sobre la forma en que terminaría este proceso: "La forma fundamental que en un país como Chile pueda asumir la fase superior de la lucha política, cuando el proceso vigente llegue a colocar a la orden del día el problema del poder, es impredecible en términos absolutos. Yo me inclino a creer que es más probable que tome la forma de una guerra civil revolucionaria, a la manera española, con intervención extranjera, pero de curso más rápido y agudo" (Revista Punto Final, 22 de noviembre de 1967).

Cabe destacar que el Partido Socialista era el segundo de mayor tamaño del país, que sería el principal partido en la coalición, la Unidad Popular, que gobernó Chile entre 1970 y 1973, y que Salvador Allende era su más destacado militante. Su partido aliado, el Partido Comunista de Chile, era el mayor y mejor organizado de todos los Partidos Comunistas de América Latina, y el tercero en tamaño, después de aquellos de Francia e Italia, de todo el mundo occidental.

Por cierto, todo esto ocurría en el contexto de la Guerra Fría, en la cual el gobierno de la Unidad Popular se había aliado con la Unión Soviética en contra de Estados Unidos y la Europa democrática.

Posiblemente sin haber leído jamás a George Orwell, Allende llamó a la superpotencia comunista el "hermano mayor" de Chile, en un discurso en el propio Kremlin el 7 de diciembre de 1972, en el cual agregó, tras reunirse con los máximos jerarcas soviéticos Leonid Brezhnev, Alexei Kosygin y Nikolai Podgorny, que había alcanzado una "completa identidad de puntos de vista" con los dirigentes comunistas.

Esta adhesión a los regímenes comunistas venía de mucho antes. Desde ya, en el homenaje que se le hizo a Stalin en Santiago una semana después de su muerte en marzo de 1953, uno de los oradores principales fue el socialista Salvador Allende.

Es ilustrativo recordar también el increíble homenaje a Stalin del importante dirigente comunista chileno Volodia Teitelboim: "Hoy ya duerme su gloria eterna en la cámara ardiente de la Sala de las Columnas de Moscú el camarada José Stalin. Hace apenas un día y algunas horas que murió el amado conductor de los trabajadores del mundo, el más grande, profundo y noble amigo de la humanidad... Ha muerto el padre y el jefe de toda la humanidad progresista. Ha muerto, como Mayakovsky decía de Lenin, el más humano de todos los hombres... Dio abundancia y existencia dichosa a su pueblo… Bajo la bandera de luto, pero siempre desplegada de Stalin, los pueblos marchan por el camino más corto hacia la segura victoria, hacia el mundo de la felicidad humana" (El Siglo, marzo de 1953).

En la década del 60, Allende aceptó servir como presidente de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), un organismo castrista para exportar la revolución comunista al continente, la que había afirmado públicamente que "la revolución armada es la única solución para los males sociales y económicos de Latinoamérica".

Claudio Véliz, historiador y amigo personal de Allende, sostiene que los viajes de Allende a Cuba tuvieron "una incidencia fundamental en el proyecto que pretendía aplicar en Chile. Tras ver Cuba, Allende pensó que podía acortar el camino. Pero la verdad es que se apartó de la tradición chilena... No cabe ninguna duda que el gobierno de la Unidad Popular fue un desastre que nos llevó a la guerra civil" (El Mercurio, 28 de noviembre, 1999).

Allende, siendo presidente del Senado, expresó en varias ocasiones su apoyo al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), grupo que inició la violencia guerrillera en Chile. Por cierto, la violencia había sido idealizada por los líderes de izquierda de Chile y el continente por un largo tiempo.

En último término, los dirigentes marxistas chilenos no supieron resistir el embrujo de la Revolución comunista cubana. El tirano del Caribe, Fidel Castro, se transformó en el modelo y fueron intoxicados, como si fueran adolescentes, por la retórica y la acción revolucionaria del Che Guevara, quien llamaba a crear "múltiples Vietnam" en América Latina.

Una distinción fundamental que no se hizo fue aquella entre el noble objetivo de querer cambiar el mundo para mejor y buscar hacerlo utilizando la violencia. En nuestro país había al comenzar la década del 70 demasiada pobreza, subdesarrollo, monopolios e injusticias de distinta naturaleza, como para que muchas personas idealistas, especialmente jóvenes, no se declararan en estado de rebeldía y buscaran, aunque con más pasión que rigor, un camino para crear un mundo mejor. Basta leer el "Balance Patriótico" de Vicente Huidobro, publicado en 1925, para comprobar que no mucho había cambiado en cincuenta años.

Lo que es aberrante es que tantos dirigentes comunistas y socialistas chilenos, de quienes era esperable un mínimo de madurez y responsabilidad política, impulsaran, inicialmente con su retórica incendiaria, y más tarde con sus actos de gobierno, a decenas de miles de jóvenes al abismo —y a las consecuencias-- de la violencia política.

En este contexto, es estremecedora la honesta confesión de un ex guerrillero argentino: "Hoy puedo afirmar que por suerte no obtuvimos la victoria, porque de haber sido así, teniendo en cuenta nuestra formación y el grado de dependencia con Cuba, hubiéramos ahogado el continente en una barbarie generalizada. Una de nuestras consignas era hacer de la cordillera de Los Andes la Sierra Maestra de América Latina, donde, primero hubiéramos fusilado a los militares, después a los opositores, y luego a los compañeros que se opusieran a nuestro autoritarismo" (Jorge Masetti, El Furor y el Delirio, 1999).


Al borde de la guerra civil

La respuesta del Presidente Allende a la Cámara no fue la única en la que demostró su desprecio por el Estado de Derecho. Durante 1973 la Corte Suprema le había reprochado la vulneración de las atribuciones propias de ese cuerpo, lo que derivó en una violenta disputa epistolar entre ellos. Por supuesto, la Unidad Popular incluso había desarrollado la insólita teoría jurídica de los "resquicios legales", con los cuales no sólo se había avanzado en la intervención estatal de múltiples empresas privadas de todos los tamaños, sino que se estaba erosionando de manera fatal la necesaria confianza pública en las instituciones fundamentales de la República.

Así, el 26 de mayo de 1973, en protesta por una negativa del gobierno a cumplir con una decisión judicial, la Corte Suprema resolvió por unanimidad dirigirse así al Presidente de la República: "Esta Corte Suprema se ve obligada a representar a Su Excelencia por enésima vez la actitud ilícita de la autoridad administrativa en su interferencia ilegal en asuntos judiciales, así como de poner obstáculos a la policía uniformada en la ejecución de órdenes de los tribunales del crimen; órdenes que, bajo las leyes vigentes, deben ser llevadas a cabo por dicha fuerza policial sin obstáculos de ninguna índole; todo lo cual implica un desprecio abierto y voluntario de los fallos judiciales, con completa ignorancia de las alteraciones que tales actitudes u omisiones producen en el orden legal; como se representó a Su Excelencia en un despacho anterior, actitudes que implican además no sólo una crisis en el estado de derecho, sino también el quiebre perentorio o inminente de la legalidad de la Nación".

Allende, en un discurso público a los pocos días, respondió con una afirmación que en cualquier país de larga tradición democrática le habría costado la inmediata destitución de su cargo:"En un período de revolución, el poder político tiene derecho a decidir en el último recurso si las decisiones judiciales se corresponden o no con las altas metas y necesidades históricas de transformación de la sociedad, las que deben tomar absoluta precedencia sobre cualquier otra consideración; en consecuencia, el Ejecutivo tiene el derecho a decidir si lleva a cabo o no los fallos de la Justicia".

Cabe destacar que, al día siguiente del Acuerdo de la Cámara, el 23 de agosto, la Corte Suprema adoptó otra resolución denunciando nuevamente los intentos del gobierno de quebrar la independencia del Poder Judicial.

A mediados de 1973, el ejercicio antidemocrático del poder por parte del Presidente Allende y sus ministros había conducido, entonces, no sólo a un abierto conflicto constitucional entre el Presidente de la República y el Poder Legislativo, sino también a un gravísimo choque entre este Presidente y el Poder Judicial.

A estas alturas, es conveniente precisar que, aunque la creciente crisis económica –inflación anualizada sobre 300%, racionamientos, crisis de balanza de pagos, desempleo en aumento, desconfianza—producía miseria y angustias generalizadas y creaba una caja de resonancia a estos conflictos institucionales, ese no era el argumento válido para remover al gobierno.

Como el país había llegado a ser "un campo armado", lo cual preocupaba sobremanera a las Fuerzas Armadas, había que ser ciego para desconocer que, durante el invierno de 1973, Chile había caído en un estado de guerra civil (Dos libros importantes y complementarios que comprueban esta realidad son aquellos de Paul Sigmund, The Overthrow of Allende, y de James Wheelan, Desde las Cenizas).

Oscar Waiss, quien fue director del diario oficial del gobierno e íntimo amigo de Allende, al plantear algunos escenarios posibles refleja el grado de extremismo que primaba en algunos dirigentes de la Unidad Popular: "Había llegado el momento de echar el fetichismo legalista por la borda; el momento de llamar a retiro a los militares conspiradores; de destituir al Contralor General de la República; de intervenir la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial; de incautarse de El Mercurio y toda la jauría periodística contrarrevolucionaria. Resultaba mejor dar el primer golpe, pues el que pega primero pega dos veces" (Revista "Política Internacional" Nº 600, Belgrado, abril de 1975).

Pese a su clara responsabilidad en la introducción de la violencia política en Chile, parece altamente improbable que el Presidente Allende hubiese estado dispuesto a actuar con la inmoralidad extrema de los dirigentes bolcheviques que realizaron la sangrienta Revolución de Octubre en Rusia.

Pero, gracias a Dios, nunca podrá contestarse la pregunta: ¿Quién, dentro de la Unidad Popular, habría sido el Lenin chileno?


Frei inclina la balanza

Salvador Allende llegó a la presidencia tras el fracaso de los gobiernos de Jorge Alessandri (1958-1964) y de Eduardo Frei Montalva (1964-1970).

Ambos gobiernos fueron incapaces de cambiar la fallida estrategia de desarrollo, la cual generaba un crecimiento económico tan mediocre que hacía imposible derrotar la miseria y crear un horizonte de prosperidad para todos los chilenos, y ambos abrieron el camino para la violación del derecho de propiedad, fundamento esencial de una sociedad libre. Esta relación indisoluble, conceptual e histórica, entre propiedad y libertad la acaba de demostrar Richard Pipes en su libro Property and Freedom (1999).

Oscar Godoy, Director del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, sostiene que "la responsabilidad de los partidos de derecha en el ascenso de la Unidad Popular al gobierno fue que no supieron defender oportunamente y con vigor las instituciones del Estado liberal. Por ejemplo, la defensa que se hizo del derecho de propiedad fue mínima, porque se fue cediendo sistemáticamente. Cuando la derecha tiene la posibilidad de recuperarse, con Jorge Alessandri, se manifiesta impotente frente a la novedad de la Democracia Cristiana y del socialismo y extrema su debilidad. Es lamentable la escasez de hombres públicos en la derecha dispuestos a defender sus planteamientos con el mismo vigor con que los socialistas defendían los suyos. La campaña de Jorge Alessandri hace concesiones múltiples para ocultar la verdadera naturaleza del proyecto liberal. En ese tiempo existía temor a expresar las palabras mercado, competencia, individualismo, etc. Entonces hace una claudicación que la hace muy débil" (La Epoca, 4 de septiembre de 1995).

El debilitamiento del derecho de propiedad en Chile comenzó, en efecto, con la reforma constitucional propiciada por el gobierno del Presidente Alessandri con el fin de iniciar la Reforma Agraria. Fueron proféticas, aunque desestimadas, las advertencias del ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Recaredo Ossa: "La ruptura de estas garantías constitucionales respecto de la agricultura es sólo el comienzo de la quiebra de nuestro sistema democrático. Lo que hoy se hace contra esta rama de la producción no tiene por qué no hacerse mañana contra la propiedad urbana, la minería grande, mediana o pequeña, el comercio y todos los bienes particulares. Decimos más: la Reforma Constitucional es la experiencia piloto en materia de abolición del derecho de propiedad. Introducida esta cuña, que algunos miran tan desaprensivamente, el hueco se convertirá en inmensa grieta por donde desaparecerá la propiedad entera" (Esta intervención radial fue reproducida por El Mercurio el 6 de enero de 1962).

El gobierno Frei profundizó este camino, incurriendo además en dos otros graves errores de políticas públicas. Primero, fue débil ante el surgimiento de la violencia política, y fue especialmente grave que no reaccionara con vigor en defensa de la democracia y el estado de derecho cuando el Partido Socialista se declaró partidario de la vía armada en su Congreso de Chillán en 1967. Segundo, la Reforma Agraria del gobierno Frei multiplicó varias veces la violación del derecho de propiedad al expropiarse miles de propiedades agrícolas sin una justa compensación. Además, su gobierno permitió la proliferación de las "tomas" de propiedades ajenas por grupos de agitadores. Al gobierno de Frei le "tomaron" todo: universidades, municipalidades, centenares de predios agrícolas, sitios eriazos, carreteras, industrias, un cuartel militar, y hasta la Catedral de Santiago. En ese ambiente no fue de extrañar que los partidos de izquierda sintieran factible "tomarse" el poder total.

Fracasados los gobiernos de "derecha" y "centro" de Alessandri y Frei, y no existiendo, como hemos visto, una "izquierda" democrática, la conclusión era predecible. En agosto de 1965, el mismo Frei había dicho "Si mi gobierno falla, tendremos un gobierno de la extrema izquierda" (Leonard Gross, The Last, Best Hope, 1967).

Lo que resultó tan impredecible como extraordinario, fue que una figura política tan temerosa de aparecer como "anticomunista", como Eduardo Frei Montalva, decidiera ante la encrucijada en que lo colocó la Historia, jugarse entero para salvar a Chile de caer en una dictadura marxista.

Frei vivía bajo el peso de la durísima acusación que se le hizo a fines de los sesenta de que, si le entregaba el gobierno a Allende, pasaría a la Historia como el "Kerensky chileno". Sin embargo, decide permanecer en Chile durante este período, en circunstancias de que su ex ministro del Interior y heredero político, Edmundo Pérez Zujovic, es asesinado en 1971 por terroristas de izquierda, lo que hacía evidente que también su propia vida corría alto peligro. Ello contrasta con la actitud de Alexander Kerensky, quien escapa de San Petersburgo y muere en Nueva York (precisamente en 1970, año en que Frei entrega el poder a Allende) escribiendo libros sobre cómo fue incapaz de evitar que una banda de audaces bolcheviques se tomara Rusia por la fuerza.

Frei tiene que haber sabido que su postura sería criticada no sólo por sus adversarios, sino que incluso por muchos de sus amigos, como efectivamente lo hizo su ex Ministro del Interior, Bernardo Leighton, quien atribuiría esta actitud a "un verdadero peso de conciencia por el triunfo de la Unidad Popular, que vi caer sobre tu espíritu, abrumándolo, en los días posteriores a la elección de Salvador Allende" (Carta a Frei, 26 de junio, 1975).

Frei retornó a la arena política contingente presentándose en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 como candidato a senador por Santiago, y una vez elegido aceptó la presidencia del Senado, transformándose, por lo tanto, en el adversario principal de Allende.

Su muy cercano colaborador, el senador DC Patricio Aylwin, había presentado, el 12 de mayo de 1973, una moción en la Asamblea General de la DC, la cual fue aprobada, en la que se acusaba al gobierno de Allende de buscar establecer en Chile una "tiranía comunista". Posteriormente, Aylwin revisa el proyecto de Acuerdo, redacta sus conclusiones, y, sin duda tras obtener el asentimiento de Frei (presidente del senado y líder indiscutido de la DC), le transmite a Orrego la aprobación final. Más aún, es Aylwin quien le replica públicamente a Allende tras la respuesta de este al Acuerdo.

Por cierto, los dirigentes del Partido Nacional, encabezados por un valiente y combativo presidente, Sergio Onofre Jarpa, habían denunciado desde muy temprano el creciente alejamiento de la legalidad del gobierno de la Unidad Popular.

Sin embargo, es lógico afirmar que lo que inclinó la balanza, tanto en la ciudadanía como en los mandos militares, fue la postura que Eduardo Frei asumió, con inusitada fuerza, en esos meses cruciales de 1973. Como Presidente del Senado, era el líder con mayor poder de convocatoria de la oposición y era también el dirigente chileno que, de lejos, tenía el mayor prestigio internacional. Desde ya, el Times de Londres lo había calificado como "la personalidad política más importante de América Latina".

Existen testimonios de que en algún momento, Frei llegó al convencimiento de que sólo las Fuerzas Armadas podían impedir que Chile se transformara en una segunda Cuba.

En la significativa "Acta Rivera", se describe una reunión el 6 de julio de 1973 entre Frei y la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril, la máxima entidad gremial que agrupaba a los industriales chilenos. En ella estos dirigentes le plantean que "el país estaba desintegrándose y que si no se adoptaban urgentes medidas rectificatorias fatalmente se caería en una cruenta dictadura marxista, a la cubana".

La respuesta de Eduardo Frei es reveladora: "Nada puedo hacer yo, ni el Congreso ni ningún civil. Desgraciadamente, este problema sólo se arregla con fusiles... les aconsejo plantear crudamente sus aprensiones, las que comparto plenamente, a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, ojalá hoy mismo".

El testimonio más extenso de Frei en esta materia es su carta del 8 de noviembre de 1973 al Presidente de la Democracia Cristiana Internacional, el político italiano Mariano Rumor. Allí Frei reitera las acusaciones que antes había hecho el Acuerdo de la Cámara: "Trataron de manera implacable de imponer un modelo de sociedad inspirado claramente en el Marxismo Leninismo. Para lograrlo aplicaron torcidamente las leyes o las atropellaron abiertamente, desconociendo a los Tribunales de Justicia... En esta tentativa de dominación llegaron a plantear la sustitución del Congreso por una Asamblea Popular y la creación de Tribunales Populares, algunos de los cuales llegaron a funcionar, como fue denunciado públicamente. Pretendieron asimismo transformar todo el sistema educacional, basado en un proceso de concientización marxista. Estas tentativas fueron vigorosamente rechazadas no sólo por los partidos políticos democráticos, sino por sindicatos y organizaciones de base de toda índole, y en cuanto a la educación ella significó la protesta de la Iglesia Católica y de todas las confesiones protestantes que hicieron públicamente su oposición. Frente a estos hechos naturalmente la Democracia Cristiana no podía permanecer en silencio. Era su deber –y lo cumplió-- denunciar esta tentativa totalitaria que se presentó siempre con una máscara democrática para ganar tiempo y encubrir sus verdaderos objetivos".

Frei también comprendió que un Chile comunista habría apuntado, como una larga espada, al corazón de una vulnerable América Latina. Frei le dice a Rumor que "la caída de Allende ha sido un retroceso para el comunismo mundial. La combinación de Cuba con Chile, con sus 4.500 kms. de costa en el Océano Pacífico y su influencia intelectual y política en América Latina, fue un paso decisivo en el intento de control del hemisferio. Eso explica esa violenta y exagerada reacción. Chile iba a ser una base de operaciones para todo el continente".

Esta perspectiva es confirmada por Brian Crozier, fundador del London's Institute for the Study of Conflict: "Durante sus tres años en el poder, Allende transformó su país, de hecho, en un satélite cubano, y por lo tanto una adición incipiente al Imperio Soviético... para entonces Chile podía ser francamente descrito como un estado marxista en términos ideológicos y económicos... desde una perspectiva estratégica, se le había transformado en una importante base para operaciones subversivas soviéticas y cubanas, incluyendo el terrorismo para toda América Latina... la KGB soviética estaba reclutando miembros para cursos de entrenamiento en terrorismo... especialistas de Corea del Norte estaban enseñando a miembros jóvenes del Partido Socialista de Allende". (The Rise and Fall of the Soviet Empire, 1999).

En una conversación con un periodista del diario español ABC, publicada el 10 de octubre de 1973, Frei ya había hecho juicios durísimos contra la Unidad Popular y justificado plenamente la intervención militar: "El país no tiene más salida salvadora que el gobierno de los militares"; "El mundo no sabe que el marxismo chileno disponía de un armamento superior en número y calidad al del Ejército"; "Los militares fueron llamados, y cumplieron una obligación legal, porque el poder ejecutivo y el judicial, el Congreso y la Corte Suprema habían denunciado públicamente que la presidencia y su régimen quebrantaban la Constitución"; "La guerra civil estaba preparada por los marxistas"; "Es alarmante que en Europa no se enteren de la realidad: Allende dejó la nación destruida".

Posteriormente Frei realizó una declaración pública en que reconoce haber hablado con el periodista Luis Calvo del ABC, pero en la que señala que la entrevista no reflejó exactamente sus palabras, sin aclarar cuáles fueron esas imprecisiones. Más tarde, en la carta citada a Leighton, Frei se refiere específicamente a que no hizo la durísima descripción de Allende que allí se le atribuye (y que por eso no se reproduce aquí), pero no desmiente el resto. Leighton le acepta esa retracción sobre Allende, pero le dice que los demás juicios son los mismos que le escuchó decir de manera consistente por años.

Un tercer texto clave de Frei es el prólogo que escribe en el libro --de elocuente título-- del cientista político DC Genaro Arraigada, De la Vía Chilena a la Vía Insurreccional (1974). Allí Frei sostiene planteamientos similares a aquellos contenidos en la carta a Rumor y como epígrafe de su prólogo, Frei elige esta advertencia de Píndaro: "Fácil es, incluso para el más débil, destruir una ciudad hasta sus cimientos; pero es, en cambio, muy dura empresa levantarla de nuevo".

No deja de ser asombroso que en ese mismo 1973 en que se extendía el certificado de defunción de la democracia chilena y morían muchos de los nobles sueños de los fundadores del PDC, también fallecía en Francia Jacques Maritain, el filósofo-político francés que tanto admiraba Eduardo Frei y a quien había visitado en su lecho de enfermo en su exitosa gira a Europa de 1965.


Las Fuerzas Armadas obedecen

En la madrugada del martes 11 de septiembre de 1973, 18 días después de que los ministros militares recibieran formalmente el Acuerdo de la Cámara de Diputados, las Fuerzas Armadas chilenas iniciaron en todo el territorio un operativo militar para cumplir el mandato parlamentario.

Así lo entendió el historiador Richard Pipes, profesor de la Universidad de Harvard, quien ha sostenido que, con el Acuerdo, "la Cámara le solicitó a las Fuerzas Armadas que restauraran las leyes del país. Obedeciendo este mandato, a los 18 días los militares chilenos, liderados por el general Augusto Pinochet, removieron por la fuerza a Allende de su cargo" (Communism. A Brief Story, 2001).

El 13 de septiembre de 1973, la influyente revista de opinión británica, The Economist, publicó un editorial titulado "El fin de Allende", cuyo contenido es tan revelador que merece ser analizado íntegramente.

La revista es clarísima en asignar la responsabilidad por la ruptura ocurrida dos días antes: "La muerte transitoria de la democracia en Chile será lamentable, pero la responsabilidad directa pertenece claramente al Dr. Allende y a aquellos de sus seguidores que constantemente atropellaron la Constitución".

El editorial incluso va más allá y le asigna a Allende la responsabilidad por la violencia posterior: "La batalla parece apenas haber comenzado. Con la mayoría de los canales de comunicación de Chile con el mundo exterior aún restringidos, es difícil tener una idea más completa de la violencia que aparentemente continúa. Pero si una sangrienta guerra civil comenzara, o si los generales que ahora controlan el poder deciden no llamar a nuevas elecciones, no habrá duda alguna respecto de quien tiene la responsabilidad por la tragedia de Chile. La responsabilidad es del Dr. Allende y de aquellos en los partidos marxistas que aplicaron una estrategia para controlar el poder total, al punto que la oposición perdió las esperanzas de controlarlos por medios constitucionales".

La explicación que hace la revista británica de la situación en Chile podría haberla firmado cualquiera de los diputados que aprobó el Acuerdo: "Lo que ocurrió en Santiago no es un golpe típicamente latinoamericano. Las fuerzas armadas toleraron al Dr. Allende por casi tres años. En ese período, él se las ingenió para hundir al país en la peor crisis social y económica de su historia moderna. La expropiación de campos y empresas privadas provocó una alarmante caída en la producción, y las pérdidas de las empresas estatales, según cifras oficiales, superaron los $1.000 millones de dólares. La inflación alcanzó a 350% en los últimos 12 meses. Los pequeños empresarios quebraron; los funcionarios públicos y trabajadores especializados sufrieron la casi desaparición de sus sueldos por causa de la inflación; las dueñas de casa tenían que hacer interminables colas para obtener alimentos esenciales, y si es que encontraban. La creciente desesperación originó el enorme movimiento huelguístico que los camioneros iniciaron hace seis semanas. Pero el gobierno de Allende fue más allá de la destrucción de la economía. Violó la letra y el espíritu de la Constitución. La forma en que sobrepasó duramente al Congreso y a los Tribunales de Justicia debilitó la fe en las instituciones democráticas del país".

The Economist fue de los escasísimos medios extranjeros que mencionaron entonces el crucial Acuerdo del 22 de agosto: "El mes pasado, una resolución aprobada por la mayoría opositora en el Congreso señalaba que "el gobierno no es responsable sólo por violaciones aisladas de la Constitución y la ley; ha convertido tales violaciones en un método permanente de conducta".

Para la revista británica el detonante para el golpe "fueron los esfuerzos de los extremistas de izquierda para promover la subversión dentro de las fuerzas armadas. El señor Carlos Altamirano, ex secretario general del partido socialista, y el señor Oscar Garretón del Movimiento de Acción Popular Unitaria, ambos líderes de la Unidad Popular de Allende, fueron señalados por la Armada como los autores intelectuales del plan de amotinamiento de los marinos en Valparaíso... El sentimiento de que el Parlamento era ya irrelevante aumentó por la violencia en las calles y por la forma en que el gobierno toleró el surgimiento de grupos armados de extrema izquierda que se estaban preparando de manera abierta para la guerra civil".

The Economist justifica plenamente la intervención militar cuando sostiene que "las fuerzas armadas intervinieron sólo cuando estuvo claramente establecido que existía un mandato popular para la intervención militar. Las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir porque fallaron todos los medios constitucionales para frenar a un gobierno que se comportaba de modo inconstitucional", y realiza una importante precisión: "El General Pinochet y los oficiales que lo acompañan no son peones de nadie. Su golpe fue preparado en casa, y los intentos por hacer creer que los norteamericanos estaban implicados son absurdos, especialmente para quienes conocen la cautela norteamericana en sus recientes tratativas con Chile".

The Economist adelanta, primero, que la tarea de reconstrucción será difícil y que habrá excesos e injusticias: "Cualquiera sea el gobierno que surja del golpe militar, no se pueden esperar tiempos fáciles. También aquellos que sufrieron bajo el gobierno de Allende sentirán la tentación de ajustar cuentas con el bando derrotado". Segundo, anticipa la colaboración militar con economistas civiles al adelantar: "El gobierno militar-tecnocrático que está aparentemente tomando forma intentará reconstruir el tejido social que el gobierno de Allende destruyó". Y concluye con un lamento y una verdad: "Esto significará la muerte transitoria de la democracia en Chile, lo cual será deplorable, pero no debe ser olvidado quien lo hizo inevitable".


El desenlace natural

Alexander Solzhenytsin, el gran escritor e intelectual ruso que denunció el horror de los campos de concentración en la Unión Soviética, afirmó que "el comunismo sólo se detiene cuando encuentra una muralla".

A medida que el gobierno de la Unidad Popular fue restringiendo las libertades económicas, sociales y políticas con el propósito de hacer su revolución marxista, surgió, desde los más diversos ámbitos de la sociedad chilena, una fuerte resistencia civil que se transformó pronto en una avalancha de protestas, manifestaciones, huelgas y denuncias.

Al final fue esta presión de la civilidad la que empujó a los partidos políticos de oposición a la aprobación del Acuerdo de la Cámara de Diputados, y después a las Fuerzas Armadas a obedecer el llamado del Acuerdo y remover por la fuerza al presidente que estaba violando "sistemáticamente” la Constitución de la República.

La resistencia civil generalizada que concluyó con el Acuerdo de la Cámara de Diputados fue "la muralla" con la que se encontró el comunismo en Chile. Este Acuerdo, entonces, constituye la partida de defunción del gobierno del Presidente Allende y el certificado de bautismo del gobierno del Presidente Pinochet.

Como afirmó uno de los hombres claves detrás del Acuerdo y entonces Presidente de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin: "El gobierno de Allende había agotado, en el mayor fracaso, la vía chilena hacia el socialismo y se aprestaba a consumar un autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura comunista. Chile estuvo al borde del 'Golpe de Praga', que habría sido tremendamente sangriento, y las Fuerzas Armadas no hicieron sino adelantarse a ese riesgo inminente" (El Mercurio, 17 de septiembre de 1973).

No fue una afirmación aislada del futuro Presidente de Chile. Un mes después, Aylwin ratificó su pensamiento así: "La verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros no vino a ser sino una medida preventiva que se anticipó a un autogolpe de Estado, que con la ayuda de las milicias armadas con enorme poder militar de que disponía el Gobierno y con la colaboración de no menos de diez mil extranjeros que había en este país, pretendían o habrían consumado una dictadura comunista" (La Prensa, 19 de octubre de 1973).

Es imposible, a la luz de todos estos antecedentes, no concluir que la intervención militar fue el resultado de una rebelión civil ante una tiranía. Ella fue legítima e inevitable, pues, como ha sostenido Vaclav Havel, un hombre que sufrió por varias décadas la dictadura comunista en su país, "el mal debe ser confrontado en su cuna y, si no hay ninguna otra manera de hacerlo, entonces tiene que hacerse con el uso de la fuerza" (New Yorker, 6 de enero, 2003).


Resumen y conclusiones

Los hechos demuestran entonces que:

a) El Presidente Salvador Allende fue el responsable de su propia caída, pues cometió un suicidio político al declararse en rebelión contra la Constitución de la República.

b) Estas acciones del gobierno de la Unidad Popular generaron una masiva y valiente resistencia civil, la cual se expresó de múltiples maneras, y fue ella la que concluyó impulsando a las dirigencias políticas a enfrentar frontalmente al Presidente Allende y exigir su remoción.

c) El ex Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, fue el líder determinante en el Acuerdo de la Cámara de Diputados que acusó al Presidente Allende de haber cometido veinte violaciones a la Constitución y que concluyó con un llamado desesperado a la intervención de las Fuerzas Armadas.

d) Las Fuerzas Armadas, al remover al gobierno socialista-comunista de la Unidad Popular, no realizaron un típico "golpe de estado" latinoamericano, sino que obedecieron un mandato moral
y político de la Cámara de Diputados, un brazo del mismo Congreso que en 1970 había elegido Presidente a Salvador Allende.

Pero algo sorprendente sucedió en esa fría noche del 22 de agosto de 1973 inmediatamente después de terminada la votación del Acuerdo. Algunos diputados de la oposición comenzaron a cantar la Canción Nacional. Y ese gesto comenzó a ser imitado por otros hasta que al final toda la Cámara estaba de pie entonando el himno patrio.

En ese amor a Chile, compartido por todos, sobrevivía la esperanza


POST SCRIPTUM. He escrito este ensayo como una contribución a la causa de que nunca más se quiebre la democracia en Chile, para lo cual estimo imprescindible conocer las razones que la destruyeron y concordar hacia el futuro tres principios fundamentales para una convivencia cívica pacífica: a) Bajo ninguna circunstancia, con ninguna justificación, y en ninguna forma, un grupo debe propugnar, y mucho menos iniciar, la violencia como mecanismo de cambio económico, social o político bajo un régimen democrático; b) Iniciada la violencia por algún sector, ella debe ser atajada de inmediato por el gobierno de ese momento, dentro de la ley pero aplicando toda la fuerza de la ley; y c) El rechazo a los que propician y ejercen la violencia, y el apoyo al gobierno que la combate con mano firme, debe contar con el respaldo unánime y decidido de la sociedad política y de la sociedad civil.

 

Acuerdo de la Cámara de Diputados de Chile
22 de agosto de 1973

(Texto publicado en el diario gubernamental La Nación el 25 de agosto de 1973)


Considerando:

1º Que es condición esencial para la existencia de un Estado de Derecho que los Poderes Públicos, con pleno respeto al principio de independencia recíproca que los rige, encuadren su acción y ejerzan sus atribuciones dentro de los marcos que la Constitución y las leyes les señalan, y que todos los habitantes del país puedan disfrutar de las garantías y derechos fundamentales que les asegura la Constitución Política del Estado;

2º Que la juridicidad del Estado chileno es patrimonio del pueblo que en el curso de los años ha ido plasmando en ella el consenso fundamental para su convivencia y atentar contra ella es, pues, destruir no sólo el patrimonio cultural y moral de nuestra nación sino que, en la práctica, negar toda posibilidad de vida democrática;

3º Que son estos valores y principios los que se expresan en la Constitución Política del Estado que, de acuerdo a su artículo 2º, señala que la soberanía reside esencialmente en la nación y que las autoridades no pueden ejercer más poderes que los que ésta les delegue y, en el artículo 3º, se deduce que un Gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha delegado, incurre en sedición;

4º Que el actual Presidente de la República fue elegido por el Congreso Pleno previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas incorporado a la Constitución Política, el que tuvo como preciso objeto asegurar el sometimiento de la acción de su Gobierno a los principios y normas del Estado de Derecho, que él solemnemente se comprometió a respetar;

5º Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo, que la Constitución establece;

6º Que, para lograr este fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho;

7º Que, en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional, depositario del Poder Legislativo, el Gobierno ha incurrido en los siguientes atropellos:

a) Ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país, que son indiscutiblemente materia de ley, por decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas en "resquicios legales", siendo de notar que todo ello se ha hecho con el propósito deliberado y confeso de cambiar las estructuras del país, reconocidas por la legislación vigente, por la sola voluntad del Ejecutivo y con prescindencia absoluta de la voluntad del legislador;

b) Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional al privar de todo efecto real a la atribución que a éste le compete para destinar a los Ministros de Estado que violan la Constitución o la ley o cometen otros delitos o abusos señalados en la Carta Fundamental, y

c) Por último, lo que tiene la más extraordinaria gravedad, ha hecho "tabla rasa" de la alta función que el Congreso tiene como Poder Constituyente, al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía, que ha sido aprobada con estricta sujeción a las normas que para ese efecto establece la Carta Fundamental;

8º Que, en lo que concierne al Poder Judicial, ha incurrido en los siguientes desmanes:

a) Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de doblegar su independencia, ha capitaneado una infamante campaña de injurias y calumnias contra la Excma. Corte Suprema y ha amparado graves atropellos de hecho contra las personas y atribuciones de los jueces;

b) Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines del Gobierno, ya sea mediante el ejercicio abusivo del indulto, o mediante el incumplimiento deliberado de órdenes de detención;

c) Ha violado leyes expresas y ha hecho "tabla rasa" del principio de separación de los Poderes, dejando sin aplicación las sentencias o resoluciones judiciales contrarias a sus designios y, frente a las denuncias que al respecto ha formulado la Excma. Corte Suprema, el Presidente de la República ha llegado al extremo inaudito de arrogarse en tesis el derecho de hacer un "juicio de méritos" a los fallos judiciales, determinando cuándo éstos deben ser cumplidos;

9º Que, en lo que se refiere a la Contraloría General de la República --un organismo autónomo esencial para el mantenimiento de la juridicidad administrativa-- el Gobierno ha violado sistemáticamente los dictámenes y actuaciones destinados a representar la ilegalidad de los actos del Ejecutivo o de entidades dependientes de él;

10º Que entre los constantes atropellos del Gobierno a las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, pueden destacarse los siguientes:

a) Ha violado el principio de igualdad ante la ley, mediante discrimina


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