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RADIOGRAFIA DE LOS SUBSIDIOS K
01-03-2007, Agustín A. Monteverde

Si nos atenemos al volumen que representan los subsidios, no cabe duda que éste es un gobierno distribucionista: 13 % del gasto primario son subsidios al sector privado; esto es, fondos públicos —miles de millones— que van a parar a bolsillos privados. A eso se suma, por cierto, el 39 % del gasto que va destinado a subsidiar al sector público.

En el año 2006, más de $ 5000 MM se dedicaron a subsidiar a los empresarios del transporte; más de $ 2600 MM fueron a parar a las “odiosas” compañías de energía; y unos $ 2500 MM fueron a para directamente a empresas privadas de otros ramos.

Hasta aquí, ni jota de distribución “hacia abajo”. Recién aparece —aunque con un criterio de equidad algo peculiar— cuando vemos que más de $ 1600 MM fueron a parar a “jubilados”, pero que nunca aportaron; y más de $ 3400 MM fueron a parar planes sociales sin contraprestación laboral (que algunos maldicentes denominan “Planes Descansar” o “Piquetear”)

Echemos un vistazo a algunos de los más recientes subsidios y juzguemos cómo salen parados en punto a progresismo y transparencia.

En primer lugar, cabe señalar que los beneficiarios de las recientes y múltiples exenciones impositivas no son precisamente “pobres”. No es ése el caso de los constructores de viviendas ni el de los empresarios de espectáculos, shows musicales y teatro. Ni mucho menos el de la exploración y producción petrolera, los importadores de gas oil o los productores de biocombustibles.

Por cierto que tampoco lo son los jueces federales y provinciales. Ni los trabajadores petroleros, con los más altos salarios de la industria. Ni los propietarios de bares y restaurantes en clubes o las empresas ferroviarias.

Menos aún el todopoderoso presidente Chávez, que podrá invertir en destilerías y estaciones de servicio computando como pago de IVA la compra de insumos y maquinarias.

Nos podemos preguntar dónde quedó la equidad cuando en nombre de la independencia de la Justicia se exime de impuestos el haber de los jueces ya retirados. O cuando sabemos que los trabajadores petroleros obtuvieron aquel beneficio en forma retroactiva y merced a violentas tomas de yacimientos que dejaron al país al borde de un colapso energético y, en el camino, un policía muerto que ya casi todos olvidaron. Y mientras ellos multiplican sus ya altos ingresos con exenciones, hay profesionales autónomos que no ganan siquiera la mitad y son ahogados con impuestos sobre ganancias ficticias y un IVA exorbitante y contra el cual nada pueden descargar.

¿Y dónde quedó la transparencia cuando nos dicen que para gozar de estos subsidios hay que comprar el gas oil “preferiblemente a Venezuela”? O, peor aún, hay que asociarse a la estatal ENARSA; salvo que ésta renuncie a tal asociación, lo que deja en manos de los funcionarios de esa empresa la facultad de otorgar a terceros las áreas a ella reservadas y de eximirlos de casi todos los impuestos.

Una política fiscal dispendiosa requiere de holgados ingresos públicos. A falta de un sistema tributario simple y eficaz, la solución oficial se montó sobre dos rieles:

1) Castigar a los sectores más productivos y principales exportadores de nuestra economía —el complejo agropecuario y el energético— para sostener a los estructuralmente menos competitivos. Este es el caso de las retenciones, que llegan a comerse el 45 % de la facturación.

2) Aumentar la carga tributaria sobre los que ya pagan impuestos mientras proliferan las exenciones en sectores privilegiados. Es decir, un “impuesto por pagar impuestos” que los sufridos pagadores comienzan a sentir muy parecido a un “impuesto al zonzo”. Este es claramente el caso del impuesto al cheque; o el nuevo e inconstitucional impuesto bonaerense a la riqueza. Es así que hoy el 90 % de la recaudación es soportado por tan solo el 4 % de los contribuyentes.

 

Con los subsidios, por definición, se busca compensar la falta de productividad de ciertos sectores con lo que se le saca a los más competitivos.

Pero sólo una parte de lo que aportan éstos llega a los primeros; una porción significativa se pierde en la administración —generalmente discrecional y opaca— de los fondos a distribuir.

Esa no es la única fuente de opacidad: cuando el subsidio consiste en una exención impositiva, queda fuera de todo tratamiento presupuestaria (aunque convengamos que con la ley de superpoderes ese debate se convirtió en una mera formalidad).

Los subsidios distorsionan los precios relativos, alterando la asignación de recursos y concentrándolos en las actividades subsidiadas y ahuyentándolos de las competitivas. Es decir, llevan la inversión al lugar equivocado mientras ahogan la “gallina de los huevos de oro”.

Cuando lo que se subsidia es el consumo, como en el caso de la energía, desalientan la inversión y la producción y estimulan la demanda, acentuando la escasez.

A todo subsidio lo acompañan siempre efectos colaterales y no deseados. Al incrementarse el precio de referencia del trigo para subsidiar el consumo interno, se benefició a los exportadores de cereales que ya habían registrado las colocaciones de esta temporada.

Los subsidios al sector público no escapan a estos vicios. Y algunas veces bordean el ridículo, como la exención total de impuestos a la neonata empresa estatal de satélites, que aún no ha construido siquiera uno.

La mayor parte de los subsidios van a parar, con preferencia, a gobernadores e intendentes amigos del poder central. Su promesa o negación sirven para docilizar adversarios. La repavimentación, con fondos nacionales, de las avenidas Maipú-Centenario en los oficialistas municipios de Vicente López y San Isidro constituye un alarde de favoritismo e inequidad: contribuyentes de las zonas más relegadas del interior solventaron una mejora suntuaria para dos de los municipios más ricos del país.

Publicado en Ámbito Financiero. Cortesía de Fundación Atlas 1853


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