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El trabajo; represión y terror
01-01-2007, Luís Esteban Espinosa

El trabajo es uno de los Derechos inalienables y elementales del ser humano. Así está reconocido en los más importantes pactos, convenios y declaraciones internacionales, también en las constituciones y legislaciones laborales de la inmensa mayoría de los Estados, incluyendo los regímenes totalitarios.

En algunos países como el nuestro, el trabajo es obligatorio, aquí más de 1,000 jóvenes se encuentran encarcelados, sancionados hasta 4 años de prisión, acusados de peligrosidad social, teniendo como elemento principal de la acusación de la fiscalía, “el hecho de no encontrarse vinculado a un trabajo”; sin embargo, la función laboral en estos tiempos en Cuba es dúctil y subordinada absolutamente a la política gubernamental.

Por un lado, la Seguridad del Estado expulsa a los disidentes de sus centros de trabajo y los declara “no confiables”, aún cuando estos sólo sean, por ejemplo, el barbero de un pequeño poblado, como el ilustrativo caso de Juan Alberto de la Nuez Ramírez, quien fue expulsado de la barbería de Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos por ser bibliotecario independiente y activista de la Fundación Cubana de Derechos Humanos, a quien el director de esta entidad le alegó que había visitado la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, para extraer algunos libros que son “propaganda enemiga”.

Pudiéramos citar una larga lista de opositores que en los últimos meses han sido expulsados de sus centros de trabajo, pero basta con mencionar al profesor del municipio de Baracoa, en la provincia de Guantánamo y miembro del movimiento pacifista Juan Pablo Segundo, Manuel Antonio Moré Borrero. También a Yoel Izquierdo López, del municipio Bolivia en Ciego de Ávila y activista de la Fundación Cubana de Derechos Humanos, que fue expulsado del hospital de esa localidad del que era administrador.

La represión alcanza también a los familiares de los disidentes y periodistas independientes, a quienes no sólo se les obliga a abandonar sus puestos de trabajo, sino también sus centros de estudios. A Cenia Echevarria Prieto, sobrina del periodista independiente y prisionero de conciencia del grupo de los 75 Fabio Prieto Llorente, se le cerró el contrato laboral por visitar a su tío en la prisión. Ello, a pesar de que impartía clases a 18 grupos en la escuela de arte en Isla de Pinos, lugar donde reside junto a su mamá Clara Lourdes Prieto Llorente, quien semanas antes había sido también separada como empleada de una empresa estatal.

Los contestatarios no pueden soñar siquiera con un puesto de trabajo en los sectores privilegiados de la sociedad cubana tales como el turismo, la administración y otros.

El fin de esta marginación y castigo no es la supuesta confiabilidad alegada generalmente por la oficialidad gubernamental, pues a los que reclaman sus derechos y aman la independencia del gobierno, se les despoja de sus tierras y bienes como le ocurrió al campesino independiente Idael Pérez Díaz, residente en el Central Violeta de Ciego de Ávila.

La contradicción estriba en que otros disidentes son obligados a trabajar, so pena de ser llevados a la cárcel y extinguir largas condenas. El pasado 26 de julio, Guillermo Llanos Ricardo, Vicepresidente Nacional de la Fundación Cubana de Derechos Humanos, fue advertido de que si en 15 días no comenzaba a trabajar en una empresa estatal sería llevado a prisión. Este es sólo un caso entre centenares de ejemplos que, por supuesto, no pueden ser citados en un brevísimo artículo.

Otro hecho ilustrativo se da en el profesor y periodista independiente Reinaldo Cosano Alén, a quien la Seguridad del Estado trata de mantener en jaque con una sanción de 6 meses de trabajo sin internamiento, impuesta hace 10 años por el Tribunal Municipal de Guanabo en La Habana.

Cosano Alén tiene 63 años de edad, recibe constantes citaciones supuestamente del Tribunal Municipal, cada vez que intenta participar en alguna actividad importante de la disidencia. En determinados sectores laborales, el estado convierte a sus empleados y profesionales en una especie de medio básico obligándolos a permanecer laborando en contra de su voluntad por períodos de hasta 7 años. Aún la dirección del gobierno piensa que los profesionales lo son solamente gracias a la revolución y que siempre estarán en deuda con ella. Esto les está ocurriendo, sobre todo, a centenares de médicos y técnicos de salud: Arquímedes Quintana, un no vidente, que lleva 25 años desempeñándose como fisioterapeuta, desde hace 18 meses tiene visa para viajar a los Estados Unidos, pero es el Presidente de la Fraternidad de Ciegos Independientes de Cuba y él no sabe qué cosa le debe aún a las autoridades cubanas.

La deficiente legislación laboral cubana, la forma despectiva en que se le trata y la falta de sindicatos independientes, hacen que en Cuba ninguna persona tenga garantizada la permanencia en su puesto de trabajo y esto incluye desde el limpia pisos hasta un ministro.

El panorama del miedo es aprovechado sustanciosamente en la política por el gobierno para brindar una imagen dentro y fuera de Cuba de gran fortaleza popular y de consenso general y esto lo logra llevando a los obreros en masa a los desfiles bajo la presión de que si no acuden quedaran cesantes, o “se les tendrá en cuenta en forma acumulativa”, como un conteo de protección.

El miedo está tan arraigado, que muchos de estos trabajadores son los autores directos, que como rueda de carretera, dan chillidos hasta desgañitarse en los violentos actos de repudio.

 
*Agencia de prensa Jóvenes sin censura (El gobierno cubano le niega a esta agencia su reconocimiento legal). Diseminado por Payolibre.


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