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Lo prohibido y lo obligatorio
13-02-2009, Hurtado, Rogelio Fabio

Cubamatinal/SDP/ No consigo recordar ahora el nombre escogido por George Orwell para denominar el lenguaje oficial del totalitarismo, pero estoy seguro que el polémico escritor inglés le hubiese concedido una calificación sobresaliente al cotidiano Granma. En su edición de hoy, el Diario le dedica su última página a la “Protección de los derechos ciudadanos”. Para ello entrevista a la master Odalys María Hernández Fuentes, fiscal jefa de la Dirección de Protección de los Derechos Ciudadanos.

La periodista empieza por enterarnos de que los cubanos, gracias a nuestra magnánima Constitución “disfrutamos del derecho de dirigir quejas y peticiones a las autoridades y recibir la atención o respuestas pertinentes y en el plazo adecuado, conforme a la ley”. Así, el Estado del pequeño hermano nos concede los mismos derechos que ejercen los niños para darle las quejas a sus padres y/o pedirles un chupa-chupa o una galletica. Ni soñar que podamos elegirlos y mucho menos criticarlos ni oponernos a sus dictados, de eso nada.

A la altura del tercer párrafo comprobamos que para la Ley 83 de 1997 dichas violaciones son siempre “presuntas”, de manera que el ciudadano debe esperar a que los funcionarios de este negociado le reconozcan el atropello del que ha sido víctima a manos de los colegas de otros departamentos. Apréciese que si a la víctima se le ocurre ripostar de cualquier manera ya está incurriendo él mismo prácticamente en el delito de desacato. Ni siquiera se legitima su derecho a concurrir ante un tribunal imparcial.

Al final de la primera columna damos con el plato fuerte: la funcionaria entrevistada afirma que “Esto no sucede así en la mayoría de los países del mundo, donde no es una institución como la Fiscalía -que es una estructura estatal-, la que se ocupa del tema y brinda una garantía de cumplimiento.” ¡Fantástico, en el resto del mundo no existen normas que regulen nada ni instancias judiciales a las que apelar! Sólo los ciudadanos cubanos estamos salvados por ese Estado insomne que vela por nuestros derechos. No sé de dónde habrá sacado mi difunto amigo Raúl Criado que en el socialismo era muy fácil vivir, pues todo lo que no era obligatorio estaba prohibido.

El Fiscal al momento de recibir la queja o reclamación excluye al ciudadano y se hace cargo ya de investigar y esclarecer el asunto para determinar si hubo violación o no. En caso negativo, despide al quejoso con una explicación (“no podemos comprarte eso Pepito porque no tenemos ni un kilito”) y en caso positivo, en vez de encasquetarse la toga viril, le corresponde “mediar con el órgano infractor para lograr el restablecimiento inmediato de la legalidad” No espere la víctima ninguna recompensa por los daños y perjuicios, nefastas prácticas del Capitalismo ya superadas por la Isla.

Sólo en casos muy extremos, el Fiscal fundamentará la “infracción” – pues los burócratas estatales jamás cometerán un delito- y dejará en manos del órgano infractor “depurar responsabilidades personales” (“Para que el socio refresque, vamos a mandarlo 30 días a Varadero con la correspondiente manilla para que no le cueste un centavo”)

Inmediatamente hay que ponerle un punto a la entrevistadora, cuando osa sugerirle a la Jefa que quizás el pueblo no tenga suficiente conocimiento de este derecho que le asiste, a lo que responde negativamente la Jefa, mediante cifras que demuestran que cada año aumenta el número de quejas, de donde no debe inducirse que estén aumentando los atropellos, pues sólo “en el 27% de las reclamaciones le asistió razón a las personas.

Para concluir, se detalla que “las principales violaciones detectadas están relacionadas con materias administrativas – fundamentalmente de Vivienda y con quebrantamiento de los derechos laborales”. De abusos policiales en las calles o en las prisiones, absolutamente nada.

La entrevistada concluye afirmando que dichas funciones “nos permiten también sedimentar una cultura jurídica en nuestro pueblo” No lo dudo, puede que luego de otros 50 años de totalitarismo estatal se nos reconozca a los ciudadanos el derecho a llorar, en privado, por nuestros derechos de los que hemos sido despojados por el Estado.

 


 


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